Domiciliaria para un hombre que vendía objetos de contrabando y tenía una plantación de marihuana

En un operativo que expone cómo el comercio ilegal se adapta a los tiempos de las redes sociales, la Justicia Federal de Río Gallegos ordenó la prisión domiciliaria de un hombre acusado de encubrimiento de contrabando y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. La causa, valuada en unos 36 millones de pesos, involucra desde tecnología de alta gama hasta cannabis fraccionado para la venta.

La investigación comenzó el 3 de noviembre pasado, tras una denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que detectó actividad sospechosa en plataformas digitales: publicaciones donde se ofrecían consolas de videojuegos PlayStation 5, teléfonos celulares —entre ellos modelos iPhone y Redmi—, parlantes, auriculares inalámbricos, neumáticos, bebidas alcohólicas y perfumes importados. La mercadería, presuntamente ingresada al país sin controles aduaneros, se comercializaba a través de perfiles con pseudónimos en Facebook e Instagram.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo saber que, a pedido del Ministerio Público Fiscal, la Policía Federal Argentina llevó adelante diez días de vigilancia sobre un domicilio de la ciudad. El seguimiento permitió confirmar que allí se atendía de manera directa al público y se concretaban operaciones de compra y venta, una modalidad que intenta evitar la exposición física del comercio y escabullirse de los controles.

Con las pruebas reunidas, el 13 de noviembre se allanó la vivienda. En el interior se hallaron productos de alto valor económico cuya importación fraudulenta infringe la Ley 22.415 (Código Aduanero). Pero el hallazgo no se limitó a la electrónica: también se secuestraron 19 vapeadores y cartuchos con derivados de cannabis —THC-P, THC-A y Live Resin— cuya comercialización está prohibida por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

El operativo tomó un nuevo giro al descubrirse, además, una plantación de 12 plantas de cannabis sativa y 67 gramos de marihuana listos para la venta: dos frascos de vidrio y 45 cigarrillos armados con la etiqueta “Lit! A Cannabis Company”. Esa situación derivó en la imputación del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en concurso con el de encubrimiento de contrabando.

Tras la audiencia, la jueza subrogante Mariel Borruto declaró la legalidad de la detención y otorgó la prisión domiciliaria por 120 días, mientras la investigación continúa a cargo de la Unidad Fiscal Río Gallegos, liderada por el fiscal federal Gastón Franco Pruzan. La Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal y la Policía de Santa Cruz tendrán a su cargo el control periódico del cumplimiento de la medida.

El caso deja al descubierto una realidad que crece en todo el país: la venta ilegal puerta a puerta, impulsada por el auge del comercio electrónico y por redes sociales que funcionan como vidrieras a bajo riesgo para quienes buscan burlar al Estado. Una modalidad que combina contrabando, evasión y —como en este hecho— incluso narcotráfico de baja escala.

Mientras la causa avanza, la Justicia intentará determinar la magnitud de la red y si existen más personas involucradas. En tiempos donde un celular o una consola pueden cruzar fronteras sin moverse del living, identificar y frenar el circuito clandestino es parte del desafío que enfrentan las autoridades para proteger la seguridad económica y sanitaria de los consumidores argentinos.