Escándalo en Río Turbio: mató a un joven en un choque y ahora maneja colectivos con una licencia falsa

La indignación y el dolor vuelven a cobrar fuerza en un caso que conmocionó a la comunidad de Río Turbio en 2015. Ariel Tamayo, condenado a 13 años de inhabilitación para conducir por el homicidio culposo de Ezequiel “Sapito” Víctor Orellano (24), fue denunciado esta semana por la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) al ser sorprendido manejando –incluso colectivos de YCRT– con una licencia falsa. La madre de la víctima, Patricia González, estalló ante la revelación: “Mi hijo no era un perro, era un ser humano excepcional. Todo está arreglado a favor de este asesino“.

La tragedia ocurrió el 23 de noviembre de 2015 en la ruta complementaria Nº 20. Ezequiel, al volante de un Renault Clío, perdió la vida al instante tras un violento choque contra un Volkswagen Voyage conducido por Tamayo. Un peatón también resultó herido por esquirlas de los vehículos. Pese a la gravedad del hecho, la justicia sentenció a Tamayo a una pena irrisoria: 3 años en suspenso y 10 de inhabilitación, que –según denuncia González– nunca se cumplieron.

“Nos enteramos por casualidad del juicio. Ni siquiera nos notificaron“, relató la madre, quien hoy exige una investigación por la presunta connivencia judicial que permitió al acusado burlar la condena. Peor aún: Tamayo, chofer profesional, habría seguido trabajando para la empresa YCRT, violando abiertamente la prohibición.

En el brutal incidente vial, un peatón también resultó herido por esquirlas de los vehículos.

La abogada de la APSV, Karen Cader, confirmó la denuncia penal por falsificación de documento público y quebrantamiento de la pena, con pruebas entregadas a la Fiscalía de Río Turbio. “Es inadmisible que un conductor profesional, responsable de una muerte, circule impune“, remarcó. La agencia evalúa sumarse como querellante, mientras autoridades provinciales prometen endurecer los controles.

El caso expone fallas sistémicas: desde la opacidad en las notificaciones judiciales hasta la facilidad para eludir inhabilitaciones. En Argentina, casi el 40% de las licencias son fraudulentas (según ANSV), y Santa Cruz no es la excepción.

Patricia González, con la rabia de casi una década de impunidad, advierte: “Voy a luchar por justicia“. Su reclamo resuena en una provincia donde los siniestros viales son frecuentes y las condenas, blandas.