Familias del dolor impulsan una reforma en el Código Penal para evitar incidentes viales fatales

En los pasillos de la justicia y en el corazón de miles de familias, el dolor de los siniestros viales ha dejado una huella indeleble. Son tragedias que se repiten con una frecuencia desoladora y que, lamentablemente, suelen terminar con un sabor amargo a impunidad.

Es en este escenario que Jorge Matulich, el papá de Brianna Matulich, junto a Oscar Sánchez, padre de Alejandro “Pipi” Sánchez, un joven calafatense atropellado en Mar del Plata en 2023 y de muchas familias que perdieron a seres queridos en incidentes viales, han levantado su voz en una conmovedora convocatoria que busca el acompañamiento de toda la sociedad.

Su objetivo es claro y contundente: modificar el artículo 84 bis del Código Penal para que la justicia cuente con herramientas más concretas y equitativas, especialmente en aquellos casos de hechos viales que pudieron ser evitados.
La iniciativa, nacida de la necesidad de transformar el dolor en acción, propone cambios sustanciales que buscan revertir la percepción de laxitud del sistema penal actual.

Que proponen

Entre los puntos medulares que se contemplan modificar, se destaca la solicitud de una pena mínima de 8 años y una máxima de 15 años para las personas responsables de causar muertes en siniestros viales evitables. Pero la propuesta va más allá del endurecimiento de las penas, al incluir una medida que podría cambiar drásticamente el panorama: que los imputados queden detenidos desde un principio. Esta última es una demanda recurrente de las víctimas, que a menudo ven con impotencia cómo los responsables transitan sus procesos en libertad.

La legislación actual es percibida por las familias de las víctimas como notoriamente insuficiente. Jorge Matulich lo expresó en declaraciones a LU12 AM680 este jueves: “más del 90% quedan disconformes”. En el caso de Brianna, a pesar de la amplia repercusión mediática y la contundencia de las pruebas, la persona involucrada recibió una condena de 12 años, un número que, si bien es considerable dentro del marco legal vigente, se siente “poco para todo lo mal que hizo” y para el “daño irreparable” que significa la pérdida de una vida.

“Es para que en futuros casos exista mayor rigidez con respecto a las sentencias que se dan y que se empiecen a concientizar”.

JORGE MATULICH

La necesidad de esta reforma trasciende los casos individuales de Briana y Alejandro. Es un clamor colectivo que abarca a innumerables víctimas y sus seres queridos. Jorge Matulich mencionó el caso de Soledad Maidana, una joven de Río Gallegos cuya familia clama justicia desde hace tiempo, o la devastadora historia de la mamá de Gael Carrizo, cuyo hijito de apenas 8 años también fue víctima de la imprudencia vial. Si bien esta modificación legal no podrá aplicarse retroactivamente a los casos ya juzgados, el esfuerzo se centra en el futuro: “es más que nada para que en futuros casos exista mayor rigidez con respecto a las sentencias que se dan y que se empiecen a concientizar”. .
Detrás de esta iniciativa, hay una red de apoyo y de dolor compartido. Oscar Sánchez ha estado trabajando en la elaboración de este proyecto de ley. A esta convocatoria se suman otras familias de víctimas, como la familia Maidana y la mamá de Gael Carrizo, que actualmente esperan fecha de juicio. También se prevé la adhesión de otras familias de distintas localidades como Lago Posadas, Puerto Deseado, e incluso de Pico Truncado y Caleta Olivia, todas ellas atravesando o a punto de atravesar procesos judiciales que con seguridad las dejarán “desconformes” si la ley no cambia.

Un rol fundamental en este acompañamiento lo tiene el grupo “Familia del Dolor” de Río Gallegos, encabezado por Belén Álvarez, que brinda asesoramiento y contención a quienes, de repente, se enfrentan a la tragedia y no saben “cómo manejarse” ni “cómo actuar” ante un hecho de tal magnitud.
La experiencia de Jorge Matulich reflejó una triste verdad: “uno no se pone en el lugar del otro hasta que pasa”. Él mismo confiesa haber conocido a otras familias víctimas en el pasado, como la de Diego Jaramillo, sin haberse involucrado activamente en su lucha. Esta experiencia personal ha transformado su dolor en una poderosa fuerza motriz, con el objetivo primordial de “evitar que otra familia vuelva a transitar por el mismo” calvario.
Para que esta reforma avance, la iniciativa popular es clave. Como señaló Matulich en declaraciones a La Decana de la Patagonia, los jueces, por sí mismos, no pueden iniciar un cambio en la ley; “tiene que ser una iniciativa popular de la gente común del pueblo, no hay que bajar los brazos y seguir insistiendo”.