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En un fallo emitido por el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz este viernes, se resolvió la situación judicial de JC Quinteros, un administrativo del Ministerio de Educación oriundo de Comodoro Rivadavia, en una causa que pasó de la sospecha de comercialización de drogas a una condena por tenencia simple.
La historia de esta causa, comenzó en abril de 2024, cuando la Unidad de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Río Gallegos” de la Gendarmería Nacional Argentina alertó al Juzgado de Instrucción sobre una presunta actividad de narcomenudeo en una vivienda de color blanco con techo de chapa, ubicada en la intersección de las calles Pionero Olegario Sierpe y Miguel Aristizábal de la capital santacruceña. Tras tareas de investigación preliminares, que incluyeron observaciones de movimientos compatibles con el tráfico de drogas y el análisis de residuos que revelaron recortes de nylon utilizados para fraccionar sustancias prohibidas, se ordenó un allanamiento el 3 de mayo de 2024.
El procedimiento en el domicilio de Quinteros arrojó resultados mixtos pero significativos: se secuestraron 20 semillas de cannabis sativa con capacidad germinativa, 0,22 gramos de cocaína (encontrados en la ropa interior de un tercero, PA Ramos, presente en el lugar), una balanza de precisión, dinero en efectivo, teléfonos celulares y más recortes de nylon, elementos todos comúnmente asociados a la actividad de fraccionamiento y comercialización de estupefacientes.
En una causa anterior, habían encontrado semillas de marihuana y cocaína en la ropa interior de un amigo.
La trama judicial de Quinteros se engrosó el 9 de octubre de 2024, cuando su expareja, denunció ante la División Comisaría Quinta que Quinteros había ingresado a su domicilio sin consentimiento y se negaba a retirarse. Esta situación, que se venía repitiendo, llevó a la intervención policial y la aprehensión de Quinteros. Durante el registro de sus pertenencias en la comisaría, se encontró un envoltorio que contenía 1,98 gramos de cocaína. El análisis de su teléfono celular reveló, además, mensajes de WhatsApp compatibles con actividades de comercialización y la evidencia de que era un consumidor habitual. En este punto, Quinteros mencionó que desde mayo de 2024 estaba en tratamiento por adicciones en SETRIPCO, aunque reconoció haberlo interrumpido en varias ocasiones.
Originalmente, y a partir de estos dos hechos, Quinteros fue procesado como autor penalmente responsable del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal, tras un análisis más profundo de la evidencia, en particular los mensajes encontrados en el teléfono de Quinteros, consideró que constituían “indicios anfibológicos”, es decir, ambiguos, lo que generaba un elevado grado de duda respecto de la posibilidad de acreditar la finalidad de comercialización.
De manera periódica, el ahora condenado deberá fijar domicilio y comprometerse a no consumir drogas.
Así, Quinteros fue condenado a la pena de un año de prisión en suspenso y el pago de las costas del proceso. Adicionalmente, y como es habitual en las condenas de ejecución condicional, se le impusieron por el término de un año una serie de reglas de conducta: fijar residencia y notificar cualquier modificación al Tribunal, abstenerse de usar estupefacientes o abusar de bebidas alcohólicas, y no cometer nuevos delitos. La sentencia también dispuso la destrucción por incineración del material estupefaciente y el decomiso de los bienes e instrumentos empleados para la comisión del delito. En un plazo de cinco días, Quinteros deberá expresar su voluntad sobre la devolución de los restantes elementos secuestrados.
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