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En un operativo conjunto entre la Comisaría Quinta y la División de Investigaciones (DDI) de Río Gallegos, dos individuos fueron arrestados por realizar compras ilegales mediante una billetera virtual hackeada.

El caso, que involucraba múltiples transacciones en comercios locales, se resolvió en menos de 24 horas gracias al rastreo digital y el análisis de cámaras de seguridad. Uno de los detenidos tenía pedidos de paradero vigentes, lo que complica su situación judicial.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes investigativas abocadas al caso, se pudo reconstruir que todo comenzó en horas de la tarde del domingo, alrededor de las  15:00, cuando un efectivo policial radicó una denuncia ante la Comisaría Quinta de la capital de Santa Cruz tras detectar movimientos sospechosos en su cuenta de Mercado Pago. Según los registros, desconocidos habían realizado varias compras en distintos comercios de la ciudad sin su autorización.

Con los comprobantes en mano —que detallaban montos, horarios y establecimientos afectados—, en un trabajo exhaustivo, los investigadores de la DDI rastrearon los locales involucrados. Cuando ingresaron a los mismos notaron que la mayoría contaba con sistemas de videovigilancia, lo que permitió identificar a los sospechosos: dos hombres cuyas imágenes coincidían con las transacciones fraudulentas.

Tras el análisis de las filmaciones, se solicitó un allanamiento para un departamento en Tres Lagos 638, tercer piso “A”. Allí, los efectivos detuvieron a un hombre de apellido Caucota y a otro de apellido Pérez. Como dato de “color”, vecinos de la zona indicaron a este diario que es conocido en las calles como “Trompiz” en recuerdo a un conocido personaje humorístico de VideoMatch en los 90’s.

Ambos fueron trasladados a la sede policial y quedaron a disposición del Juzgado de Instrucción N°1, a cargo de la jueza Marcela Quintana.

Durante el procedimiento, se recuperó la documentación sustraída del efectivo policial, se incautaron teléfonos celulares y prendas de vestir que coincidían con las vistas en las grabaciones. Además, al chequear sus antecedentes en el SIFCOP (Sistema Federal de Comunicaciones Policiales), se descubrió que Caucota tenía varias medidas de averiguación de paradero vigentes, lo que derivó en notificaciones a otros juzgados. La secretaria del juzgado interviniente, Estefanía Cañete, confirmó que los imputados recuperarán la libertad en los plazos legales, pero deberán fijar domicilio

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