Juicio contra Emilio Maldonado por abuso sexual: “Hubo un patrón de confianza traicionada”

En la antesala de una instancia decisiva, el juicio contra el ex concejal Emilio “Bubba” Maldonado por abuso sexual ingresó en su tramo final en Río Gallegos. Con los alegatos a punto de comenzar, el querellante adherente, Sergio Macagno, dialogó con La Opinión Austral minutos antes de ingresar a la audiencia y dejó definiciones contundentes sobre el desarrollo del debate, el peso de las pruebas y las expectativas de condena.

Durante la audiencia, declararon familiares de las víctimas, profesionales que intervinieron en pericias psicológicas y representantes institucionales. En ese sentido, Macagno detalló: “Expusieron los diferentes testigos de las familias de las víctimas, los peritos que hicieron todos los análisis psicológicos del acusado, como asi también de las víctimas y expuso la secretaria de Niñez de del Municipio de Río Gallegos y en esa normalidad quedó a nuestro criterio expuesto con mucha claridad que las cuatro denuncias nuevas que se han sumado a las dos anteriores un patrón de comportamiento de abusar de la confianza de la gente amiga, de la gente que confiaba en ser vecino del barrio para aprovecharse de menores de edad”.

La crudeza de los testimonios quedó reflejada también en la edad de las presuntas víctimas. “En algunos casos tenían 4 años, otros un poco más grandes, hasta nueve”, señaló el letrado, visiblemente impactado por lo que se escuchó en la sala.

En cuanto a la estrategia legal, Macagno explicó que el rol central en el pedido de pena corresponde al Ministerio Público Fiscal, aunque anticipó una postura firme por parte de la querella. “En realidad a veces son estrategias en cuanto a la manera, pero es cierto. La titular de la acción del Estado es el Ministerio Público Fiscal, que es la que tiene que formular la pena y este en tal caso nosotros adherimos o o seguirá lo que se tenga que decir”, sostuvo. Sin embargo, dejó en claro su expectativa: “Lo que sí es cierto que si habiendo participado en el 2022 de la primer condena, que fueron 16 años, el mínimo que ahora es seguramente por cuatro casos por la reincidencia de más no tiene que ser menor a 20 años, ¿no? A que se den adicionar”.

El no al juicio abreviado

El rechazo a un eventual juicio abreviado también fue abordado por el querellante, quien lo vinculó directamente con el sufrimiento de las familias. “En realidad el el silencio es la negativa porque si había una aprobación sin este consentimiento de cuatro familias víctimas que han sufrido enormemente”, explicó. Y profundizó sobre el contexto de los hechos: “porque estamos acá en el caso de una familiaridad este aún mayor que tenía el acusado con las víctimas y las familias, que era realmente de mayor cercanía que los casos del año 2022”.

En ese punto, el relato adquiere una dimensión aún más dramática. “Entonces, en realidad, a partir de toda esta situación  entendemos que estos cuatro casos, si bien todos son graves, son repudiables, había más familiaridad  y por eso la indignación de la familias como decía una señora que cuando el acusado tenía 9 meses, ella ayudó desde esa tierna edad y que no podía entender que a sus tres nietas este hombre habría abusado”, expresó.

La idea de confianza quebrada aparece como eje central del caso. “Entonces era un un contexto que realmente complejiza aún más todo, la situación de la prevención y el cuidado que hay que tener aún con la persona en máxima confianza que puede estar en un entorno familiar”, remarcó. Y añadió: “Con lo cual realmente fue algo muy triste también hoy escuchar lo que las familias se referenciaban de los sucesos y también las edades, porque eran edades aún menores que en el caso del año 2022”.

Consultado sobre cuestionamientos vinculados a posibles connotaciones políticas en el proceso, Macagno buscó despejar dudas y centró el foco en la vulnerabilidad de las víctimas. “Bueno, en el caso de la secretaria de niñez, la que pudo haber hecho preguntas de la naturaleza que usted dice fue la la fiscal de cámara. Yo solo me ajusté a las cuestiones que había intervenido la relación de los trabajos que habían hecho la Secretaría de Niñez respecto a si los protocolos aplicables tenían que ver con la compatibilidad con cuestiones de acuerdo a la experiencia de la doctora (Julia) Chalub, estamos hablando de otros casos en los que hayan intervenido”.

En esa línea, describió el contexto social de las familias involucradas: “Mientras este señor en cuanto a la familiaridad y la asistencia social, ayudándolos por la vulnerabilidad económica que tenían estas personas, algunas que no sabían leer y escribir como el de una abuela que no sabía leer y escribir, otra no había terminado la primaria, esto fue un aprovechamiento”.

Lejos de una lectura partidaria, el querellante insistió en la responsabilidad institucional. “Acá tienen que ver que hay familias vulnerables, que hubo gente que se aprovechó y que después de esta situación no hubo un sistema público ni municipal ni provincial a la altura de las circunstancias”, afirmó. “Entonces, básicamente las preguntas tienen que ver con cuestiones muy objetivas, vinculadas a las responsabilidades de poder este hacer un seguimiento para que las víctimas puedan ir superando la crueldad y estas injusticias”.

La potencial pena

Sobre la expectativa de condena, Macagno ensayó una explicación didáctica para el público. “Para ser pedagógico en lo posible, lo más claro para una audiencia que es importante que cada día pueda conocer más sus derechos”, señaló. Y planteó una comparación directa: “Si por dos casos que han sido muy graves y fueron juzgados en el año 2022 y fueron 16 años, esto no es matemático, pero uno quería pensar que el tribunal con todos los elementos que se han acreditado, que eran del mismo patrón en las mismas conductas de de abuso”.

En ese marco, insistió en que la pena no debería ser inferior a la anterior condena. “No puede ser menor a 16 años porque son cuatro casos, es el mismo patrón y hay que tener en cuenta que ya tiene una una condena previa”, sostuvo. Y fue más allá al estimar un rango posible: “Entonces, uno estima que la formulación de la acusación para el pedido de condena concreto por el por el el Ministerio Público y que nosotros seguramente vamos a adherir no puede ser menor a 20 a 25 años. Yo creo ese rango en que sería al piso”.

También se refirió al máximo posible en términos legales. “En realidad lo que puede ser como máximo 50 años el acumulado. Esto es una apreciación que uno pueda tener”, explicó, aunque aclaró que la decisión final dependerá del tribunal. “Va a depender del tribunal que entiende por la gravedad de este caso”.

En un análisis más amplio, Macagno advirtió sobre la reiteración de conductas. “Acá estamos hablando no de hechos aislados, sino un patrón de aprovechamiento y que hasta el momento, hoy mismo fueron juzgados seis casos y realmente esperemos que no surjan más, que no haya habido más porque era un sistema de actuación realmente eh totalmente reprochable”.