“La chanchería del horror”: los tres acusados a un paso de ser llevados a juicio oral

En noviembre del 2022 salió a la luz un caso de explotación laboral de personas que era un secreto a voces en Río Gallegos. Se trataba de una granja porcina emplazada en las afueras de nuestra ciudad capital, donde un gran número de personas era vulnerada de sus derechos.

El caso fue calificado como “La chanchería del horror” debido a los maltratos constantes por parte de los propietarios, las condiciones infrahumanas en las que se encontraban los operarios y hasta por las cosas que los obligaban a hacer como depostar animales que habían muerto enfermos días atrás o hacer sus necesidades en un tacho de pintura o a la intemperie.

Por aquellos días, se pudo saber que los trabajadores dormían en viviendas ubicadas dentro de la finca, en condiciones precarias, sin calefacción, ni agua. En ese sentido, el fiscal de la causa señaló que “darle vivienda a las víctimas era una forma de tenerlos bajo su dominio para que trabajen extensas jornadas y avasallar los tiempos de descanso, privacidad o de finalización de la jornada laboral, restringiendo finalmente su autonomía de decidir cuándo ingresar o egresar del espacio de trabajo”.

Tal como lo informó La Opinión Austral, la causa tiene como señalados a Daniel Sarutti, su pareja Yanina Sapino y la hermana de esta última. Ellos habían fijado domicilio en un primer momento pero, el año pasado, estuvieron un tiempo tras las rejas por haber entorpecido la instrucción de la causa, cuando se contactaron con una de las víctimas.

Finalmente, todos quedaron en libertad, por disposición del Juzgado Federal de Primera Instancia, a cargo de Claudio Marcelo Vázquez. Sarutti estuvo unas semanas en la Unidad Penitenciaria Federal N°15 hasta que lo liberaron, luego que el procesamiento en su contra -junto a las dos mujeres- quedara firme.

Ahora, hay novedades sobre la causa ya que el fiscal subrogante Julio Zárate, a cargo de la Fiscalía Federal de Río Gallegos, solicitó la elevación a juicio oral de la causa que involucra a los tres por el delito de explotación laboral en perjuicio de trece personas que trabajaban en el predio emplazado en las afueras de Río Gallegos.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas se pudo saber que la solicitud fue realizada por Zárate, en conjunto con la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB) cuya coordinación ahora está a cargo de Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI), la fiscalía solicitó medidas cautelares tendientes a hacer cesar la comisión del delito y a decomisar los bienes que han sido instrumento de los hechos que serán juzgados.

Según pudo saber este diario, respecto de las medidas cautelares, el Ministerio Público pidió el embargo preventivo de los inmuebles utilizados para asegurar las reparaciones económicas que correspondan en favor de las víctimas del caso. También, se solicitó la inhibición general de los bienes de los tres imputados y la prohibición de innovar respecto de la situación habitacional de las víctimas. Cabe recordar que a los acusados ya les habían trabado un embargo millonario, tras la última causa por entorpecimiento en la investigación.

El fiscal Zarate ratificó en el requerimiento de elevación a juicio que “las victimas presentan rasgos comunes: en tanto son de otras provincias o extranjeros, buscando un porvenir más auspicioso para su proyecto de vida, de origen humilde, de zonas desfavorecidas con problemas sociales, carentes de una contención real y afectiva, sin recursos económicos, sin manejar su propio dinero y muchos llegaron al lugar de explotación gracias a que los pasajes fueron abonados por los tratantes”