La habían acusado de matar a un hombre y le dieron dos años de cárcel por drogas

En el imaginario de cualquier cronista de policiales con años de asfalto, hay casos que se quedan grabados no por su violencia, sino por la carambola del destino que los rodea. El caso de Antonella de Dios Escobar, la empleada municipal de 32 años que en septiembre de 2022 se convirtió en el centro de todas las miradas en Puerto San Julián, es uno de esos.

Lo que nació bajo el signo de la sangre y la legítima defensa en una modesta vivienda del Pasaje Blanca Cabrera, terminó cerrando un capítulo inesperado en los tribunales federales de Río Gallegos, bajo la lupa de la Ley de Drogas.
La historia nos remonta a una tarde gris de hace tres años. Tal como lo informó La Opinión Austral en su momento, aquel 14 de septiembre, la policía ingresó al domicilio de Escobar para investigar un escenario dantesco: un hombre, Alejandro Riveros, yacía sin vida tras haber intentado, presuntamente, atacar a la mujer con un rifle de aire comprimido y un cuchillo.

La justicia provincial, meses después, entendería que Antonella actuó para salvar su vida, dictando la falta de mérito. Sin embargo, mientras los peritos buscaban rastros de aquel homicidio, el azar -o el descuido- les puso enfrente otra realidad: en el interior de un ropero, detrás de un televisor en desuso, apareció una bolsa con 360 gramos de marihuana.
Ese hallazgo, que incluía 34 envoltorios de distintos tamaños, dos balanzas de precisión y cinco teléfonos celulares, disparó una causa federal que puso a Escobar entre la espada y la pared.

La condena

Para cualquier investigador, el kit de las balanzas y el fraccionamiento es el “ABC” del narcomenudeo. Sin embargo, en un fallo firmado por el juez Mario Gabriel Reynaldi, la justicia santacruceña decidió transitar una avenida intermedia. El fiscal general interino reconoció que, si bien la cantidad era significativa -suficiente para armar 719 “porros”-, no había pruebas unívocas que demostraran que la droga estaba destinada a la comercialización. Ante el déficit probatorio sobre el “fin de comercio”, se aplicó el principio de la duda a favor del reo.
El proceso se resolvió mediante un juicio abreviado, donde Escobar admitió su responsabilidad penal por el delito de tenencia simple de estupefacientes. La pena acordada fue de dos años de prisión de cumplimiento en suspenso, lo que le permite mantener su libertad ambulatoria.

El fallo al que tuvo acceso La Opinión Austral  también desestimó un intento de la defensa por utilizar la vulnerabilidad de género como un eximente total de responsabilidad. El juez fue tajante al señalar que, si bien la imputada mencionó haber sufrido violencia por parte de sus parejas, estas afirmaciones carecían de sustento fáctico o denuncias previas en la causa, calificándolo como una “mera estrategia judicial“.

Cómo es el hoy de la joven madre

Hoy, la realidad de Antonella Escobar es muy distinta a la de aquellas tardes de tensión en San Julián. Vive en la ciudad de Salta con sus abuelos maternos, trabaja en una empresa de limpieza y colabora con la manutención de su hija de 10 años, que permanece en Santa Cruz. Pero el cordón umbilical con la justicia sigue tirante: durante los próximos dos años deberá presentarse mensualmente ante la Policía Federal en el norte del país, abstenerse de consumir drogas o abusar del alcohol en público, y demostrar que mantiene un empleo honesto si no quiere perder el beneficio de la libertad ambulatoria.