La Policía detectó irregularidades en el traslado de ganado en un campo de Santa Cruz

Un exhaustivo operativo llevado a cabo por la División Operaciones Rurales de El Calafate ha destapado una grave irregularidad en el traslado de ganado en la zona del Lago San Martín. La falta de documentación, las contradicciones en los testimonios y las condiciones del transporte han puesto en alerta a las autoridades y a la comunidad local.

El pasado 8 de septiembre, durante un control vehicular en la Ruta Provincial 31, los agentes detectaron un camión jaula vacío que presentaba restos de excremento bovino, lo que indicaba un reciente transporte de animales. El conductor, carente de la documentación necesaria para conducir y sin poder acreditar su identidad, afirmó estar dirigiéndose a la estancia La Federica para extraer leña. Sin embargo, testigos presenciales y empleados rurales de la zona aseguraron haber visto el camión trasladando ganado desde la estancia La Lila hasta la estancia La Angelita.

Las investigaciones se centraron en el propietario de los animales, quien inicialmente afirmó haber movido el ganado mediante arreo. No obstante, el encargado de la estancia La Angelita confirmó que los animales habían sido descargados del camión. Una inspección ocular posterior en los corrales de la estancia permitió contabilizar 90 bovinos de procedencia incierta, ya que no presentaban marcas claras de identificación.

Al consultar con el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), se constató que el lugar de destino del ganado no contaba con el registro de establecimiento (RENSPA) correspondiente, y el propietario carecía del Documento de Tránsito Electrónico (DTE) obligatorio para el traslado de animales. Estas omisiones constituyen una clara violación a las normativas vigentes en materia de trazabilidad y movimiento de hacienda.

Las autoridades competentes han sido notificadas de lo sucedido y se encuentran investigando a fondo el caso. Las posibles sanciones a los involucrados podrían incluir multas económicas, la inhabilitación para realizar actividades relacionadas con la producción animal y, en caso de comprobarse la comisión de otros delitos, la apertura de causas penales.