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El Ministerio de Seguridad de Santa Cruz dio a conocer su informe trimestral correspondiente a los primeros meses del año, en el que detalla un importante despliegue territorial y una batería de acciones orientadas a reforzar la prevención del delito.
La cartera provincial expuso cifras que reflejan un volumen operativo significativo y una estrategia basada en la presencia activa de las fuerzas en distintos puntos del territorio.
Durante el período analizado, se llevaron adelante 180 operativos de control que abarcaron rutas, accesos y zonas urbanas clave. En ese marco, se verificaron más de 21.500 vehículos y se identificó a 50.647 personas, en un esquema que apunta tanto a disuadir conductas delictivas como a detectar irregularidades en tiempo real. Este tipo de controles, habituales en la dinámica provincial, adquiere especial relevancia en un territorio extenso como Santa Cruz, donde las distancias y la conectividad plantean desafíos adicionales para la seguridad.
Uno de los datos destacados del informe es la detección de 40 alertas judiciales activas a través del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), una herramienta que permite cruzar información en línea y actuar de manera inmediata ante requerimientos de la Justicia. Este punto refleja, además, la creciente incorporación de tecnología en las tareas de prevención y control.
En paralelo, el documento hace hincapié en la lucha contra la violencia y el delito a través de intervenciones más específicas. En total, se concretaron 122 allanamientos que derivaron en la detención de 27 personas vinculadas a distintas causas judiciales. En ese contexto, uno de los ejes centrales fue el retiro de armas ilegales de circulación: se secuestraron 119 armas de fuego y 846 municiones, elementos que, según se indicó, estaban directamente asociados a hechos delictivos.
La problemática de la violencia armada no es ajena a la realidad nacional, y en ese sentido, el decomiso de este tipo de material representa una medida concreta para reducir riesgos y evitar episodios que muchas veces terminan en consecuencias graves. En ciudades y localidades donde la cercanía entre vecinos es parte de la vida cotidiana, cada arma fuera de circulación implica, potencialmente, un conflicto menos.
El informe también pone el foco en los delitos económicos, un área que en los últimos años ganó protagonismo en la agenda de seguridad. Durante el trimestre, se logró la incautación de más de 127 millones de pesos, junto con 10.060 dólares y 1.000 euros, en procedimientos orientados a desarticular circuitos ilegales vinculados al manejo de dinero. Estas cifras no solo reflejan el volumen de las operaciones, sino también la complejidad de las investigaciones que las sustentan.
En materia de narcotráfico, el balance presenta un dato significativo: la primera incineración de droga realizada bajo el sistema acusatorio en la provincia. En total, se destruyeron 267 kilos de estupefacientes y 1.100 plantas de marihuana, en un procedimiento que marca un cambio en la dinámica judicial y operativa. A esto se suma el secuestro de 971 gramos de cocaína y cannabis, junto con 158 plantas de marihuana, en distintos operativos.
La implementación del sistema acusatorio aparece como uno de los pilares de esta nueva etapa, con la promesa de agilizar procesos y mejorar la coordinación entre las fuerzas de seguridad y el Poder Judicial. En un contexto donde la demanda social por mayor seguridad es constante, estos avances buscan dar respuestas más rápidas y efectivas.
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