Ayer inició el juicio que determinará si el oficial Méndez es responsable o no por la muerte de Gustavo Gerez. La familia del joven taxista insiste con un asesinato de múltiples responsables, mientras que la Fiscalía abona la teoría de la última etapa de instrucción, respecto al supuesto de un único responsable. La defensa pidió la suspensión del juicio a prueba, que el tribunal rechazó.

*LOA Zona Norte

El 17 de septiembre de 2016, Gustavo Gerez dejó su casa del barrio El Mirador, en Caleta Olivia. Al promediar la hora 6:30 del día siguiente, fue trasladado por un móvil policial a la Comisaría Seccional Primera, y no logró salir de allí con vida. Por entonces, la versión oficial implicó que, tras convulsionar, el joven taxista se había ahogado con su propio vómito, asimismo que había sido hallado semidesnudo y desvariando en pleno centro de la ciudad.
Horas después de fallecer, la triste noticia llegó a oídos de su familia que no desconfió de las autoridades hasta que logró ver el cuerpo sin vida. Visibles magullones y lastimaduras pusieron en pie de alerta a los familiares y, no sin tropiezos, finalmente la etapa de instrucción derivó en el pedido de elevación a juicio.
El proceso de enjuiciamiento alcanzó al oficial Méndez, único imputado de la causa, muy a pesar de la querella constituida por la familia. Esta última sostiene la teoría de un desenlace forzado por varios efectivos policiales, mientras que la Fiscalía impulsa el juicio sólo al jefe del operativo.
El tribunal se constituyó con algunas bajas. Algunos de los jueces naturales se apartaron del caso por circunstancias personales. Su conformación final quedó establecida con los doctores Juan Pablo Olivera, Humberto Monelos y Griselda Bard.
El fiscal de Cámara es Carlos Rearte, quien convocó para que oficie como asistente del Ministerio Público Fiscal al Dr. Carlos Borges. Este último se desempeña como fiscal, y es a quien le tocó abordar la última etapa de la instrucción de la causa sobre la que finalmente solicitó que sea elevada a juicio.
La familia de Gerez convocó para la querella al abogado Alberto Luciani, y la defensa del imputado al abogado Marcelo Quintero. Tanto la Fiscalía como la querella consideran que el oficial Méndez es responsable del delito que se le imputa, no obstante, sostienen diferentes teorías acerca de lo que sucedió aquella madrugada y la cantidad de partícipes necesarios.
La defensa, en tanto, albergaba la esperanza de lograr la suspensión del juicio a prueba y solicitó una “probation” para el policía. Buscó así evitar el juicio y una posterior pena, pero el tribunal denegó tal posibilidad. Es claro que los elementos de prueba comprometen al acusado, especialmente las testimoniales que en esta jornada la estrategia tutelar trató de eludir.
Los testigos del juicio son alrededor de 30. En la primera jornada se manifestaron unos 12, entre amigos y familiares de Gerez. También una declaración clave fue la de quien compartió celda, quien aparentemente no manifestó lo mismo que en la Instrucción, aduciendo “no recordar” algunos hechos. A su vez, dos chicas que se encontraban en la Comisaría asistieron y manifestaron que a Gerez: “lo metieron arrastrando literalmente, como a una bolsa de papas” a la comisaría. Hoy se retoma el juicio, y para esta audiencia se espera que efectivos policiales comparezcan a brindar testimonio.
Extraoficialmente este medio supo que amigos de Gerez y el joven que compartió celda con éste cuando sucedió todo, habrían sido “condicionados”.
La familia dice que lo mataron, y seguramente el juicio no remedia todo su dolor. Sin embargo, quizás el esclarecimiento de la muerte de Gustavo pueda poner un cierre al largo proceso que les toca sostener y sufrir. En dos años se sucedieron marchas, conferencias, dos autopsias, una exhumación, y cientos de líneas escritas y declaraciones vertidas. Tal vez todo eso termine en las próximas jornadas, y otorgue paz a quienes gritan desde el amor que profesan por un joven que ya no puede decir su verdad.

 

Entre calabozos
y dos autopsias

El abogado Alberto Luciani patrocina a la familia Gerez. A un mes de ocurrida la muerte del joven de 28 años, el letrado debió solicitar la exhumación de sus restos y propiciar así una segunda autopsia, por considerar que durante la primera de rigor habían existido irregularidades.
El cadáver fue trasladado en octubre de 2016 a la ciudad de Río Gallegos. Allí tres profesionales, incluido un perito de parte, asistieron a la búsqueda de indicios respecto de la causa de muerte. Pudieron constatar, entre otras cosas, que durante la primera intervención no se habían buscado rastros de sustancias químicas en los órganos internos de Gustavo. Eso puso en jaque al perito judicial, quien había formado parte de la fuerza policial por décadas.
Las marcas de golpes que presentaba el cuerpo también evidenciaron incongruencias. El informe policial y las pericias médicas no alcanzaban a explicar el estado del rostro y el cuerpo de Gerez. Moretones en cadera, torso y rostro hicieron que la representación legal de su familia, ahora querellante, elabore la teoría de un ataque en el que habrían participado varias personas.
La Policía declaró que Gustavo nunca estuvo en un calabozo o celda, sino que convulsionó estando esposado en una habitación y se ahogó, y además que deliraba con una supuesta posesión demoníaca. Pero los golpes que presentaba su cuerpo parecen haber convencido a la Justicia de que su muerte tiene al menos un responsable, y que no se trató de una fuerza sobrenatural.

Méndez es el único imputado en la causa por la muerte de Gerez. (Foto: Daniel Huerta)

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