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Mientras la megacausa por narcolavado, lavado de activos y narcotráfico que tiene como principal señalado a Lázaro Báez sacude los tribunales federales de Río Gallegos, un operativo desplegado en la inmensidad de una estancia santacruceña dejó al descubierto serias irregularidades en el manejo de la hacienda, aunque obligó a las autoridades a poner un freno imprevisto para evitar una mortandad animal.
La diligencia judicial fue ordenada por el Juzgado Federal de Garantías a cargo del magistrado Claudio Vázquez, en el marco del expediente que investiga cómo una presunta asociación ilícita administraba y explotaba de manera clandestina establecimientos rurales y bienes embargados del empresario patagónico, en entrecruzamiento con una red narcocriminal.
Para ejecutar la medida en el terreno, se articuló un trabajo conjunto entre el personal especializado de la División Operaciones Rurales Río Gallegos de la Policía de Santa Cruz y efectivos de la Prefectura Naval Argentina.
Según pudo saber La Opinión Austral, el despliegue en el establecimiento rural comenzó el pasado martes 10 de noviembre, jornada en la que estallaron los megaoperativos simultáneos en la región.
Durante tres días consecutivos, los uniformados llevaron adelante intensas tareas de campo que incluyeron el arreo y el control minucioso del ganado vacuno, equino y ovino existente en el predio, con el objetivo de cotejar la cantidad real de animales frente a las declaraciones documentales y los contratos de capitalización que están bajo la lupa de los investigadores.
Los primeros resultados del rastrillaje confirmaron las sospechas de la Justicia Federal sobre el manejo irregular de los activos agropecuarios. En medio del trabajo en los corrales y potreros, los efectivos lograron individualizar numerosos animales que presentaban marcas ilegibles y, un dato aún más comprometedor para el expediente, señales que no correspondían al establecimiento allanado. En la jerga rural patagónica, la presencia de ganado con señales ajenas o adulteradas constituye una alerta roja que suele vincularse con maniobras de ocultamiento patrimonial, movimientos clandestinos de hacienda o el aprovechamiento de campos embargados para blanquear operaciones comerciales sin trazabilidad legal.
Sin embargo, el avance de la inspección pericial chocó de frente con una realidad biológica ineludible en esta época del año en el sur argentino. Tras evaluar las condiciones concretas del establecimiento y el estado de los rodeos, el viernes 13 de noviembre la Fiscalía Federal dispuso suspender de manera temporal la continuidad de las tareas. La decisión se fundamentó en que el campo atraviesa actualmente el período de parición, contando con una población aproximada de seis mil ovinos y una gran cantidad de corderos recién nacidos.
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