Ocho personas que eran buscadas por la Justicia fueron identificadas en controles de trata de personas

Durante todo el año 2025, la lucha contra uno de los delitos más complejos y sensibles que enfrenta la sociedad argentina tuvo en Santa Cruz un despliegue sostenido, meticuloso y muchas veces invisible para el ciudadano común. La División Trata de Personas Sur de la Policía de la provincia presentó su informe estadístico anual y los datos reflejan una tarea permanente de prevención, control y protección de derechos, desarrollada a lo largo y ancho del territorio provincial, con especial énfasis en la capital y sus accesos estratégicos.

Bajo los lineamientos fijados por la Superintendencia de Policía Judicial e Investigaciones, el personal especializado llevó adelante acciones continuas entre enero y diciembre, articulando controles en espacios comerciales, rutas, terminales y zonas de tránsito clave. Lejos de limitarse a operativos puntuales, el abordaje se sostuvo durante todo el año con una lógica preventiva, orientada no solo a detectar situaciones irregulares sino también a desalentar posibles redes de explotación y vulneración de derechos humanos.

Uno de los ejes centrales del trabajo estuvo puesto en los controles a comercios de diversos rubros, entendidos como ámbitos donde, en determinados contextos, pueden darse situaciones de explotación laboral o trata de personas. Verdulerías, carnicerías, barberías, galerías comerciales, locales de indumentaria, bares, kioscos, hoteles y frigoríficos fueron inspeccionados en coordinación con la Dirección General de Migraciones y el Departamento de Bromatología de la Municipalidad. Esta articulación interinstitucional permitió no solo verificar la situación migratoria y laboral de las personas, sino también garantizar condiciones sanitarias y legales adecuadas.

En paralelo, se desplegaron controles vehiculares de gran alcance. Automóviles particulares, camiones y micros de larga distancia fueron interceptados en puntos estratégicos de la ciudad de Río Gallegos, en la terminal de ómnibus, en accesos y egresos de la capital provincial y en el paraje La Esperanza, un corredor clave en la conectividad de Santa Cruz. En estas tareas se contó con el apoyo de la División Unidad Operativa Guer Aike, Chimen Aike y La Esperanza, reforzando la presencia policial en zonas de tránsito constante.

Todos los procedimientos se realizaron utilizando el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), herramienta fundamental para la verificación en tiempo real de la documentación de personas y rodados. Este recurso tecnológico permitió detectar medidas cautelares vigentes, antecedentes relevantes y situaciones que ameritaron una intervención inmediata, optimizando la capacidad de respuesta del personal actuante.

Los números del informe anual dan cuenta de la magnitud del trabajo realizado. De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo saber que, a lo largo de 2025 se controlaron 110 locales comerciales, de los cuales tres fueron clausurados por infracciones detectadas por el área de Bromatología. En materia vehicular, se inspeccionaron 4.121 vehículos y se identificó a 13.224 personas, entre ciudadanos argentinos y extranjeros. En ese marco, se detectaron ocho medidas cautelares activas y se intervino en 12 procedimientos que se originaron a partir de alertas emitidas por otras dependencias policiales de la ciudad capital.

Más allá de las cifras, desde la fuerza destacan que cada control implica una instancia de prevención concreta. La trata de personas no siempre se manifiesta de manera evidente y muchas veces se esconde detrás de actividades aparentemente cotidianas. Por eso, el trabajo sostenido, la presencia territorial y la coordinación entre organismos resultan claves para anticiparse al delito y proteger a potenciales víctimas, especialmente en una provincia extensa, con rutas largas y zonas de baja densidad poblacional.