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Esta semana, en la jefatura de Policía de Santa Cruz se realizó una conferencia de prensa para hablar de las inscripciones a la escuela de cadetes. En ese marco, el superintendente de Personal, Instrucción y Derechos Humanos, comisario Juan José Orellana, fue consultado –además- por las cesantías de personal policial, algunos de los cuales vienen reclamando fuera de Casa de Gobierno.
Sobre este punto, Orellana respondió a La Opinión Austral que ya se ha emitido un comunicado oficial sobre el tema dando las explicaciones legales, aunque señaló que “son situaciones que han sido investigadas mediante los archivos administrativos, procedimientos que la norma establece, de manera tal que son situaciones que para nosotros están claramente cerradas”.
Más adelante, el comisario afirmó que de forma mal intencionada se busca llevar confusión al personal policial y la comunidad cambiando las versiones y los hechos. “Ha quedado más que claro que quien encabeza la situación de reclamo afuera del Gobierno que ha sido apartado de la institución policial, ha sido claramente investigado en un sumario administrativo, en el cual también hay que dejar claro que tuvo su oportunidad de pasar vista al sumario y de sumar prueba para su defensa”, sostuvo sobre el caso del excomisario Ramón Quipildor.
Este último, “fue sometido al Consejo de Disciplina, donde nuevamente pudo formular prueba para su defensa”. De manera tal, recordó la situación por la que en su momento se inició el sumario que, incluso, fue viralizada con un video en redes sociales. “Un funcionario que prácticamente insultó con términos xenófobo a un juez federal de la Nación (Claudio Vázquez)”. Lo cual “para nosotros es inadmisible, teniendo en cuenta la carrera de esta persona que está alejada ya de la institución, dando mal ejemplo al resto de sus subalternos que tenía cargo en su momento”, dijo.
“Se trata de un funcionario policial que prácticamente insultó con términos xenófobo a un juez federal”. J. J. Orellana.
Orellana expresó que eso agravó la situación, “teniendo en cuenta que dejó a merced de esta situación a funcionarios a su cargo de menor jerarquía, los cuales muchos han tenido que pagar abogados para poder defenderse en un sumario administrativo en un sumario judicial” y añadió: “A muchos de ellos los conozco, hemos trabajado juntos, son personas excelentes, pero quedaron expuestos a merced de un procedimiento o de un accionar totalmente fuera de la norma policial”.
El reclamo de agentes
Pero el de Quipildor no es el único reclamo. En otra ocasión, “hay una señora que está sumada al reclamo que ha sido investigada por el uso del arma reglamentaria en un contexto de discusión callejera, lo cual va absolutamente en contra de todos los reglamentos y procederes policiales”. En este sentido, “hay que aclarar el Estado aporta un arma al personal policial para defender la vida propia o en caso de que la situación así lo amerite, pero no fue el caso de la persona que fue investigada y separada de las filas policiales”.
“Otra persona fue investigada por el uso del arma reglamentaria en un contexto de discusión callejera“. J.J. Orellana.
En las otras situaciones médicas que argumentan las personas que fueron excluidas, “también fueron sometidas a un largo proceso de controles, que en esta ocasión son complicados de explicar por cuestiones obvias, pero la sociedad se puede quedar tranquila que no a cualquiera se le da retiro porque el personal policial cuenta con la estabilidad policial”.
Orellana manifestó: “Todo el personal policial desde el agente hasta el comisario General, contamos con estabilidad policial que es un derecho adquirido que lo regula la ley 746; la única forma que el personal pueda ser excluido de esta estabilidad laboral es a través de un sumario por faltas gravísimas, como fue el caso que le mencioné recién, o situaciones médicas graves”.
Finalmente, La Opinión Austral le preguntó por los policías que intervinieron en una situación de tránsito y que persiguieron a dos jóvenes en Río Gallegos, pegándole a uno de ellos, hecho que quedó registrado en cámaras de seguridad. Al respecto, el comisario indicó que “se abrió un sumario administrativo a ambos efectivos, y fueron separados preventivamente” mientras se realiza el sumario. También aclaró que se les quitó el arma reglamentaria mientras dura el proceso.
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