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En una resolución firmada en la sede de Río Gallegos, el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz otorgó el beneficio de la suspensión de juicio a prueba por el término de dos años a LCG, un joven de 25 años radicado en Puerto San Julián. La decisión, rubricada por el juez presidente de juicio, Mario G. Reynaldi, con la asistencia de la secretaria Griselda Arizmendi, dio por concluido el trámite ordinario de la causa, evitando que el acusado enfrente un debate oral y una eventual condena de prisión efectiva.
La historia detrás del expediente se remonta a la primavera de 2021. Según pudo saber La Opinión Austral, el 6 de octubre de aquel año, efectivos de Gendarmería Nacional desplegaban un control de rutina sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 124,5, en las cercanías de Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Al inspeccionar un transporte de la empresa Vía Cargo, los uniformados detectaron una pieza sospechosa. El paquete había sido despachado en Paso de los Libres, Corrientes, y tenía como destino final la localidad santacruceña de Puerto San Julián.
Al proceder a la apertura del bulto, las fuerzas de seguridad hallaron un paquete envuelto en cinta ocre que ocultaba 461,32 gramos de marihuana, cifra confirmada por las pericias químicas del Gabinete Científico de la Policía Federal Argentina. Lejos de interrumpir el trayecto y frustrar la investigación, la Justicia dispuso una entrega controlada: el paquete continuó su viaje monitoreado hacia el sur del país.
Cinco días más tarde, el 11 de octubre de 2021 a las 15:20 horas, LCG se presentó en el mostrador de Vía Cargo, ubicado dentro de la terminal de ómnibus de Puerto San Julián, para retirar la caja. En ese preciso instante se efectivizó su imputación penal como autor del delito de tenencia simple de drogas.
El perfil del encausado expone las complejas realidades sociales que atraviesan a muchos jóvenes del interior patagónico. Nacido en la región de Cuyo en julio de 2001, el muchacho reside junto a su madre. Sin hijos a cargo y con sus estudios secundarios incompletos, su sustento diario depende de changas informales de albañilería y limpieza de patios, ocupaciones de baja calificación con las que percibe un ingreso promedio estimado en 200.000 pesos mensuales.
Durante la audiencia preliminar, concretada mediante la modalidad remota, el defensor público oficial, Gastón Morillo, remarcó que su asistido no registraba antecedentes penales computables. Solicitó formalmente la suspensión del proceso a prueba. A su turno, el fiscal interino, Gastón Franco Pruzan, prestó su pleno consentimiento al considerar que la propuesta guardaba la razonabilidad exigida por la norma, sumando una exigencia clave dentro de la matriz reparatoria: la obligación indeclinable de que el acusado termine sus estudios formales.
El fallo definitivo estableció un estricto régimen de conducta que busca impactar de manera positiva en la comunidad de Puerto San Julián. LCG deberá saldar una reparación económica de 200.000 pesos –suministrada en dos cuotas consecutivas de 100.000 pesos– que será convertida de forma íntegra en insumos médicos y materiales útiles para el Hospital de Puerto San Julián. En ese mismo nosocomio, el joven tendrá que cumplir dos horas semanales de labores comunitarias no remuneradas durante los 24 meses que dure el período de probation, además de abonar una multa simbólica de 225 pesos con destino a las arcas de la Corte Suprema.
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