Productores ganaderos se reunieron en el Tribunal Superior de Justicia debido al incremento de casos de abigeato

El avance del abigeato en Santa Cruz dejó de ser una preocupación aislada para convertirse en una problemática estructural que inquieta cada vez más al sector productivo. En ese contexto, este miércoles se llevó a cabo una reunión clave en Río Gallegos entre autoridades judiciales y representantes del ámbito rural, en un intento por encontrar respuestas concretas frente a un delito que, según advierten los propios productores, “lejos de disminuir, se agrava día a día”.

El encuentro tuvo lugar en el ámbito del Poder Judicial, donde el secretario penal, Fernando Costabel, recibió a integrantes de la Sociedad Rural de Río Gallegos y de la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz (FIAS). Durante la reunión, los referentes del sector expusieron con claridad su preocupación por el incremento sostenido del robo de ganado y la sensación de desprotección que atraviesa al campo santacruceño.

Participaron del cónclave el vicepresidente de la Sociedad Rural, Claudio Pamich; la secretaria Liliana Fernández; los vocales Mariano Illarragorri y Juan Manuel Zavalia; y el revisor de cuentas suplente Javier Álvarez Bento, quienes llevaron a la mesa de diálogo no solo reclamos puntuales, sino también una mirada integral sobre el impacto que este delito tiene en la actividad agropecuaria.

Según un relevamiento reciente realizado por La Opinión Austral, a partir de fuentes policiales, en las últimas dos semanas se registraron al menos siete intervenciones vinculadas a hechos de abigeato en distintas localidades de la provincia, entre ellas Piedra Buena, Pico Truncado, El Chaltén y El Calafate. La cifra, aunque parcial, refleja una tendencia que preocupa y que se repite en distintos puntos del territorio y que ha llegado a ser tapa de este diario el martes pasado cuando se detectó un hecho de abigeato en las afueras de la localidad de Piedra Buena.

Desde la FIAS ya habían manifestado su malestar días antes mediante un comunicado contundente, en el que señalaron que el abigeato no solo persiste, sino que se profundiza. En ese documento, la entidad fue categórica al afirmar que estos hechos no pueden ser considerados episodios aislados, sino que constituyen “un ataque directo al medio de vida” de los productores.

En la Patagonia, donde la actividad ganadera forma parte del entramado económico y cultural, el robo de animales no es un delito menor. Implica pérdidas económicas, incertidumbre y, en muchos casos, un golpe directo a emprendimientos familiares que sostienen su producción con esfuerzo cotidiano. “No puede haber desarrollo posible sin seguridad jurídica ni respeto por el trabajo ajeno”, remarcaron desde la Federación.

Uno de los ejes más sensibles del reclamo apunta al accionar de la Justicia. Desde el sector rural consideran “inadmisible” que, pese a las denuncias reiteradas e incluso a la identificación de presuntos responsables, muchos casos no avancen o terminen sin sanciones efectivas. Esta situación, sostienen, alimenta un círculo de impunidad que termina favoreciendo la reiteración del delito.

En esa línea, también cuestionaron que en algunos episodios los detenidos recuperan la libertad en plazos breves, lo que genera una sensación de desprotección en las zonas rurales. “Regresan a la comunidad sin consecuencias reales por sus actos”, advirtieron, lo que refuerza la percepción de que el sistema no está dando respuestas acordes a la gravedad del problema.

Durante la reunión con el secretario penal, se aunaron criterios en función de lo establecido en el Código Penal Argentino, en busca de fortalecer la articulación entre las instituciones y avanzar en estrategias que permitan abordar el fenómeno con mayor eficacia. Sin embargo, puertas adentro del sector productivo, el diagnóstico es claro: sin decisiones firmes y sostenidas en el tiempo, la situación difícilmente cambie.