Provincia adhirió al protocolo de para casos de violencia sexual

En un avance significativo hacia la mejora del tratamiento de casos de violencia sexual en el país, el Ministerio Público Fiscal de Santa Cruz ha adherido oficialmente al Protocolo de Investigación y Litigio de Casos de Violencia Sexual, un documento elaborado por la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM). De esta forma, la provincia sureña se suma a otras cuatro jurisdicciones que durante 2024 comenzaron a aplicar este instrumento clave en la lucha contra la violencia de género.

El protocolo, aprobado ya en el año 2023 por el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, tiene como objetivo fundamental garantizar una investigación más eficaz y con perspectiva de género, desde el inicio del proceso penal. La incorporación de este protocolo implica un cambio sustancial en la manera de abordar los casos de violencia sexual, en línea con los estándares internacionales de derechos humanos y la debida diligencia reforzada.

La adhesión de Santa Cruz al protocolo es parte de un proceso más amplio que involucra a cinco provincias del país. A lo largo de este año, los Ministerios Públicos Fiscales de Corrientes, Catamarca, Córdoba y Chaco también han adoptado este instrumento, lo que refleja un compromiso regional hacia la mejora del acceso a la justicia para las víctimas de violencia sexual.

Según pudo saber La Opinión Austral, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, Daniel Mariani, formalizó la adhesión mediante una resolución que se inscribió en el Registro 54 del Tomo CCXXXV de decisiones de ese tribunal. Esta decisión se suma a las tomadas por otras provincias, como Corrientes, donde el fiscal general, César Sotelo, firmó la Resolución 43/24, y Catamarca, bajo la Instrucción General 7/24 del procurador general Tristán Lobo.

La adhesión de Santa Cruz y el resto de las provincias responde a una propuesta presentada en las XI Jornadas Nacionales de Violencia de Género, organizadas por el Observatorio de Violencia de Género del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina. Esta iniciativa se enmarca en un esfuerzo por garantizar que los ministerios públicos provinciales cumplan con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, particularmente en lo que respecta a la violencia de género