Quiso transferir un auto diciendo que era de Santa Cruz y deberá pagar una multa millonaria

La Justicia Federal de Santa Cruz resolvió un caso que comenzó con la transferencia irregular de un coche usado en la localidad santacruceña de Puerto San Julián y finalizó con un severo castigo económico y comunitario en el corazón de la provincia de Mendoza.

El expediente se remonta a marzo de 2022, cuando G. A. B., una mujer radicada en San Rafael, intentó consolidar la titularidad de un automóvil Fiat Palio mediante la presentación de un Formulario 08. Sin embargo, lo que parecía ser una gestión administrativa cotidiana escondía un delito grave: el documento público contenía firmas adulteradas -tanto de la parte vendedora como del encargado registral certificante- y un sello identificatorio completamente falso perteneciente al Registro del Automotor Seccional 20003. La presentación, realizada a través de gestoras mandatarias, activó de inmediato las alarmas de las autoridades registrales y derivó en una causa penal por uso de documento público adulterado.

Tras años de tramitación procesal, la causa llegó a una definición clave en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la Provincia de Santa Cruz. La defensa técnica de la imputada solicitó acogerse al beneficio de la suspensión del juicio a prueba, conocido popularmente en el fuero penal como probation. Este mecanismo alternativo de resolución de conflictos permite a personas sin antecedentes penales suspender el juzgamiento a cambio de reparar el daño causado y someterse a pautas de comportamiento estrictas, evitando así una eventual condena de prisión efectiva o en suspenso.

El Ministerio Público Fiscal prestó su conformidad al pedido al considerar que la escala penal del delito atribuido y las condiciones personales de la acusada -quien carece de prontuario previo y no es funcionaria pública- habilitaban la concesión del beneficio. La fiscalía ponderó que el acuerdo alcanzado satisfacía de manera integral los criterios de razonabilidad, oportunidad y justicia, permitiendo una solución más constructiva para la sociedad que el mero despliegue del aparato punitivo del Estado.

El fallo firmado por el juez unipersonal Mario Gabriel Reynaldi dictaminó la suspensión del proceso por el plazo de tres años. Sin embargo, el beneficio no le salió gratis a la involucrada: el magistrado homologó una reparación económica de un millón de pesos que deberán ser abonados en cuatro cuotas mensuales, iguales y consecutivas. Lejos de ingresar a las arcas fiscales, el dinero será destinado de forma directa a la cuenta del Hospital Teodoro J. Schestakow, el principal centro de salud de la ciudad de San Rafael, adonde la imputada reside.

Sumado al aporte monetario, la resolución impone una carga de trabajo comunitario de una hora semanal en el mismo establecimiento sanitario durante los tres años que dure la medida. Para garantizar el estricto cumplimiento del acuerdo, la sancionada deberá fijar domicilio, abstenerse de abusar de bebidas alcohólicas o estupefacientes en la vía pública, no portar armas, presentarse de forma mensual ante la Delegación de la Policía Federal en San Rafael y, fundamentalmente, no cometer nuevos delitos.