Así lo definió el diputado por el Frente para la Victoria, Claudio García, impulsor de ese proyecto que fue aprobado la semana pasada en la Legislatura. El Registro tiene como fin registrar a las personas que hayan sido condenadas mediante sentencia judicial por violencia de género y que hayan incumplido medidas restrictivas o tratamiento terapéutico. La inscripción será únicamente por orden judicial, ya sea de oficio o a petición de parte.

“Se creará una base de datos unificada que permita la elaboración de estadísticas para sistematizar la información, buscar y establecer indicadores que midan el impacto que presenta la problemática en nuestra provincia”, con el objetivo de que “sirvan de insumo para la determinación de políticas públicas en la temática”, sostiene el texto de la norma.

“La finalidad es de tipo preventivo”, afirmó el legislador al dialogar con LU12 Radio Río Gallegos y agregó que “el objetivo es también generar estadísticas sobre la problemática. Esto requiere un seguimiento para tener el dato fehaciente y real. Generar datos estadísticos y abarcar epidemiológicamente el conflicto”, aseveró.

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