Río Gallegos: Los acusaron de explotación laboral, pagaron una multa millonaria y los sobreseyeron

El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz dictó un fallo por un expediente que investigaba el gravísimo delito de trata de personas con fines de explotación laboral, el Tribunal resolvió el sobreseimiento de cuatro imputados, no por falta de pruebas, sino por la extinción de la acción penal obtenida mediante un acuerdo conciliatorio y una reparación económica total a las víctimas.

Según pudo saber La Opinión Austral, este precedente, enmarcado en la aplicación plena del nuevo Código Procesal Penal Federal (CPPF), dio cuenta de una nueva modalidad para que la paz social se convierta en la prioridad procesal.
El caso, involucraba a OTE, ETE y dos mujeres identificadas como YVM y DM. A ellos se les atribuyó un delito agravado por el abuso de la situación de vulnerabilidad, por el número de víctimas y por la consumación del hecho. Sin embargo, la acción penal fue extinguida gracias a la estrategia de la defensa, ejercida por Jorge Trevotich, que informó al Tribunal haber alcanzado acuerdos con las cinco personas señaladas inicialmente como damnificadas.

El Resarcimiento

Lo central en este expediente, es que los imputados lograron el sobreseimiento tras manifestar que no tuvieron intención de cometer delito alguno. Pero el punto más relevante es que las cinco personas mencionadas como damnificadas –MGT, NOMT, CRS, IFG y AJFQ– informaron a la Justicia que no se consideraban víctimas en el conflicto penal.
Ante este escenario de ausencia de conflicto inter-partes, la Justicia Federal se vio obligada a evaluar el temperamento jurisdiccional que mejor se ajustara a la premisa de la intervención mínima del derecho penal. Para ello, fue crucial el consentimiento y la solicitud de homologación judicial de los acuerdos presentada por la defensa.
Debido a que los cinco presuntos damnificados residen actualmente en Perú, el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz,  solicitó a la defensa que contactara a MGT, CRS, NOMT, AJFQ e IFG para que ratificaran su consentimiento, especificando montos y datos bancarios. Los correos electrónicos de vuelta confirmaron la voluntad de las partes de dar por finalizado el proceso a través de la vía económica.

Cifras Millonarias

Las cifras de reparación integral acordadas por OTE, YVM, ETE y DM son significativas. MGT aceptó una suma de 1.800.000.Por su parte, CRS y NOMT acordaron recibir 1.000.000 cada uno. AJFQ aceptó una reparación de 600.000. Finalmente, IFG aceptó 1.200.000, en cuatro cuotas.

Los pagos, acreditados mediante transferencias bancarias a las cuentas informadas por los damnificados, se realizaron entre junio y noviembre de 2025, cumpliéndose así con el plazo máximo de seis meses establecido por el Tribunal.
El espaldarazo del Ministerio Público Fiscal fue clave para sellar la validez de este mecanismo. La fiscal general Ad-Hoc, Patricia Ramallo, pese a la gravedad de los hechos atribuidos, manifestó que no se oponía a la homologación de los acuerdos. La Fiscalía sostuvo que esta solución se ajustaba a los principios de proporcionalidad, razonabilidad y última ratio del ordenamiento punitivo.
La Fiscal Ramallo destacó que el CPPF, promueve la búsqueda de soluciones que mejor se adecuen al restablecimiento de la armonía entre los protagonistas y a la paz social.

El nuevo tablero judicial

El Tribunal, actuando de manera unipersonal, ratificó la homologación del acuerdo conciliatorio. Al acreditarse el cumplimiento total del monto acordado como reparación integral, el juez decretó que la acción penal quedaba formalmente extinguida por conciliación.