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El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz dictó sentencia contra Antonio de la Cruz Ramírez, un joven argentino de 29 años, por un delito relacionado con el suministro de estupefacientes dentro de un centro de detención. Este hecho, ocurrido el 4 de enero de 2021.
Antonio Ramírez, originario de Solano, provincia de Buenos Aires, intentó introducir en la Unidad 15 del Servicio Penitenciario Federal de Río Gallegos 54 envoltorios de papel para armar cigarrillos, que contenían un total de 19,36 gramos de marihuana. Este intento fue frustrado gracias a la atención del personal de seguridad del penal, que descubrió la sustancia oculta en rollos de papel higiénico durante una requisa de rutina. El hecho tuvo lugar a las 14:50, y la sustancia fue sometida a un análisis que confirmaba su composición como cannabis sativa.
La fiscalía, representada por la Patricia Kloster, propuso un juicio abreviado, que fue aceptado por Ramírez y su defensora, Marisa González. En el acuerdo, se calificó el delito como “suministro de estupefacientes ocasional a título gratuito para uso personal de su receptor, agravado por haberse cometido en un lugar de detención, en grado de tentativa”. El tribunal resolvió imponer una pena de cuatro meses y quince días de prisión, que podrá ser cumplida en suspenso, además de reglas de conducta por un período de dos años.
La pobreza, la falta de oportunidades y el impacto del narcotráfico son realidades que afectan a muchas familias, como la de Ramírez, quien trabaja como ayudante de albañil y tiene dos hijos pequeños, fueron algunos de los puntos que tuvo en cuenta la justicia al momento de dictar sentencia.
El tribunal ha establecido además un conjunto de reglas de conducta para Ramírez, que incluyen la obligación de fijar un domicilio y notificarse al tribunal sobre cualquier cambio, así como la prohibición de consumir alcohol y drogas. Asimismo, deberá presentar certificados que acrediten su progreso en estudios secundarios.
La sentencia, aunque leve en comparación con otras condenas por delitos similares, marca un hito en el tratamiento judicial de estos casos, donde la perspectiva rehabilitadora comienza a cobrar fuerza. Este enfoque podría ser la clave para evitar la reincidencia y brindar a personas como Ramírez una oportunidad real de reintegrarse a la sociedad
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