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Este viernes se cumple un lustro exacto desde que el estuario santacruceño pareció devorarse la vida de una mujer común, en medio de un clima invernal extremo y rigurosas restricciones de circulación por la pandemia. Lo que comenzó como la desesperada búsqueda de una madre santacruceña terminó envuelto en una de las tramas más insólitas de la crónica policial argentina, mezclando dolor familiar, especulación política, billetes de juguete, restos óseos plantados y un pacto de silencio que el transcurrir del tiempo parece volver indestructible.
Se cumple un lustro desde aquella tarde noche helada en que Marcela López Frey salió a caminar y se esfumó sin dejar rastros, dejando un auto abierto, un puñado de mentitas y un enigma que la Justicia provincial prefirió archivar bajo la etiqueta del suicidio.
Tal como lo informó La Opinión Austral, en su momento, la tarde del 22 de mayo de 2021, la nieve amenazaba con caer sobre Río Gallegos y la marea alta golpeaba con fuerza la costanera local. En su casa de la calle Bouchard, Marcela López Frey, una vecina de 61 años muy querida en la comunidad y propietaria de un antiguo hospedaje familiar, compartió una tortilla de papas y unos mates con su hija menor, Rocío, antes de que esta se fuera a trabajar. Nadie imaginaba que ese ritual cotidiano sería la última escena familiar con vida.
Marcela se abrigó con unas calzas negras, zapatillas oscuras y una campera negra con detalles rojos, y salió a pie rumbo a la costanera. En el camino, ingresó a un kiosco a comprar unas mentitas y, en una cruel ironía del destino, se cruzó en la calle con su otra hija, Analía, quien no logró reconocerla en ese instante debido al tapabocas de uso obligatorio en aquel entonces.
Una cámara de seguridad la captó apurando el paso por la calle Chiclana, tal como lo informó La Opinión Austral en su momento, y unos pescadores mayores la vieron deambular en dirección al muelle antes de que se hiciera de noche. Alrededor de las ocho, una familiar la divisó por última vez cerca del Monumento del Amor. Después, la nada absoluta.
Cuando Rocío regresó a la vivienda, el panorama la heló por completo: la puerta de entrada estaba abierta, el Peugeot 206 de su madre estacionado afuera sin seguro, y en su interior permanecían intactos su teléfono celular, sus documentos y su billetera con 20.000 pesos en efectivo. El descarte de un robo fue inmediato y la denuncia policial se radicó esa misma noche en la Comisaría Sexta.





Desde el primer momento, la jueza de instrucción Valeria López Lestón encaminó la investigación de manera casi obsesiva hacia la hipótesis del suicidio, apoyándose en el hallazgo de dos prendas de Marcela prolijamente dobladas cerca de los tanques de YPF en la costanera. Sin embargo, sus hijos Rocío, Analía, Claudia y Marito, junto a sus hermanos y su madre María Inés Frey, rechazaron de cuajo esa teoría.
Marcela era una mujer de enorme resiliencia, que se había sobrepuesto a dolores inmensos como el asesinato impune de su padre, Juan Domingo López, en 2005, y al grave accidente cerebrovascular de su expareja, Raúl. Tenía seis nietos esperándola y ningún indicio de querer terminar con su vida. Los extenuantes rastreos terrestres y subacuáticos en aguas gélidas de entre uno y cuatro grados no arrojaron ni un solo rastro biológico.
Del drama familiar al circo político
El expediente de la calle Mitre desató un vendaval mediático nacional con cajas de supuesta fortuna que resultaron ser billetes de El Estanciero y un adiestrador canino hoy desenmascarado y condenado por falsificar pruebas con restos óseos propios.
Desesperados ante la falta de respuestas del Estado y el estancamiento judicial, la familia contrató en julio de 2021 a un adiestrador canino privado rionegrino que gozaba de gran fama mediática: Marcos Herrero. Fue entonces cuando el caso se transformó en un escándalo político nacional de proporciones inéditas. Durante un rastreo no oficial en un depósito de la calle Mitre 164 -propiedad de la familia de JL Balado, última pareja de Marcela-, los perros de Herrero marcaron un sector específico.
Ese depósito pertenecía a Mario Alejandro Balado, integrante de La Cámpora y coadministrador de los bienes de Máximo y Florencia Kirchner. El abogado querellante, Jorge Trevotich, y la hija de Marcela, Rocío, denunciaron públicamente que dentro del lugar encontraron cajas repletas de fajos de dólares termosellados con sellos del Banco Nación, lo que provocó que el propio Balado se desmayara ante la escena. Diputadas nacionales presentaron denuncias en la justicia federal vinculando el hallazgo con lavado de dinero.
La burbuja de la conspiración política estalló muy pronto en los tribunales. El juez federal de Río Gallegos, Claudio Vázquez, rechazó investigar un presunto secuestro extorsivo por no existir jamás un pedido de rescate, y archivó de manera definitiva la causa de los dólares al comprobarse que las supuestas fortunas no eran más que billetes de fantasía del clásico juego de mesa argentino El Estanciero.
Lo que parecía una revelación histórica fue en realidad la punta del iceberg de una estafa científica aberrante. Marcos Herrero, el adiestrador estrella, fue detenido poco después y desenmascarado por la justicia de varias provincias. La pericia forense sobre un maxilar inferior que Herrero alegó haber encontrado en la casa de Balado determinó que el hueso pertenecía a un hombre y formaba parte del mismo esqueleto que el falso perito transportaba en su equipaje particular para plantar evidencia en las causas donde lo contrataban para ganarse unos pesos.
La Cámara de Casación, en los últimos días, acaba de confirmar de manera firme su condena a siete años de prisión por falso testimonio y manipulación de pruebas en el caso de Facundo Astudillo Castro, y hoy enfrenta procesos abiertos en Santa Cruz por el daño irreparable causado en la búsqueda de Marcela.
El laberinto judicial de Santa Cruz y el grito de una familia que se niega a olvidar
Con la causa paralizada y la jueza original jubilada, los allegados de Marcela por estos días resisten el archivo del expediente, mientras el rostro de la mujer sigue interpelando a la comunidad patagónica desde las lunetas de los taxis y autos oficiales.
A un lustro de aquella noche helada de mayo de 2021, la causa penal por la desaparición de Marcela López en la justicia provincial se encuentra en una situación de parálisis total. La jueza Valeria López Lestón se jubiló en febrero de 2022 y el juzgado no ha producido avances significativos en los últimos años, manteniendo la cómoda sospecha del suicidio como carátula informal de un expediente congelado.
Para la familia de Marcela, transcurrir este tiempo ha sido un calvario intolerable. Rocío González, quien tenía apenas 27 años cuando comenzó esta pesadilla, relata con dolor que su vida se transformó en un andar automático y un tormento diario que no le desea a nadie. Junto a sus hermanos, sigue exigiendo que la investigación sea reclasificada bajo la figura de privación ilegítima de la libertad y que pase definitivamente a la órbita de la Justicia Federal.
La desaparición de Marcela no es un hecho aislado, sino que forma parte de un inquietante mapa de incertidumbres en el sur del país. En Santa Cruz, el registro oficial de personas extraviadas sigue sumando nombres que exponen las flaquezas del sistema, como la adolescente Nayelly García Servín, buscada desde 2024 bajo la sombra de la trata de personas, o Gabriel Mileca, el hombre que en enero de 2026 escapó de un centro de salud mental de Río Gallegos y dejó sus pantuflas abandonadas en el barro de la ría sin que nadie volviera a saber de él.
Hoy, mientras el viento patagónico sigue barriendo las calles de la capital santacruceña, la foto de Marcela López Frey resiste pegada en las lunetas de los taxis y en las vidrieras de los comercios locales, recordándole a todo un país que bajo el barro de las mareas extremas sigue enterrada una verdad que la impunidad intenta ocultar.
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