Siete años de prisión para un hombre de 66 años que abusó sexualmente de una joven en Río Gallegos

Un hombre de nacionalidad chilena, de 66 años, identificado como Raúl Árcangel Pérez Pérez, fue condenado a 7 (siete) años de prisión con cumplimiento efectivo por haber abusado sexualmente de una joven en Río Gallegos. El proceso judicial, que culminó recientemente con la aceptación de un juicio abreviado, mostró falencias en el sistema de atención a sobrevivientes de violencia sexual y la falta de capacitación con perspectiva de género en los organismos intervinientes.
Pérez Pérez, de profesión panadero, residía en la capital santacruceña desde hacía varios años y trabajaba en la cocina de una reconocida panadería de la calle Estrada. Según pudo reconstruir La Opinión Austral, el dueño del comercio le habría cedido una vivienda precaria contigua al local, situada en la esquina de Chacabuco y Alcorta, lugar donde ocurrió el abuso.

El hecho tuvo lugar durante la madrugada del 1 de enero de este año. La joven, que había salido a celebrar con su hermano y un grupo de amigos, decidió quedarse un rato más en un local nocturno. Al retirarse, informó que se dirigiría a la casa de sus abuelos, ubicada en el centro de la ciudad. En ese trayecto fue interceptada por el agresor, quien la llevó hasta la vivienda donde la sometió sexualmente.
Horas más tarde, la joven recobró la conciencia y, todavía en estado de shock, logró huir para pedir ayuda y poder comunicarse con su familia. Desde ese momento comenzó un extenso recorrido institucional que la revictimizó.

Fallas en la atención

La joven fue trasladada a la Comisaría de la Mujer y la Familia para formalizar la denuncia el mismo día del hecho. Allí permaneció durante horas hasta que finalmente le tomaron declaración, sin recibir en ningún momento contención psicológica ni acompañamiento por parte de profesionales especializados. Luego fue llevada al área de Medicina Forense de la Policía Provincial, ubicada en pasaje Kennedy, donde se le realizaron los exámenes y se recolectaron las pruebas probatorias. Finalmente, recién cerca de la medianoche fue trasladada al hospital local para recibir atención médica.

Según relató su madre, todo el procedimiento estuvo atravesado por la revictimización y la ausencia de acompañamiento profesional, junto a un protocolo especializado para este tipo de casos.
“La médica de guardia no contaba con formación en atención a casos de abuso sexual. Casi nos entrega el kit de profilaxis post-exposición (PEP) sin explicarnos cómo debía utilizarse”, expresó la madre en diálogo con este medio, remarcando que la atención se desarrolló sin un protocolo de contención integral ni la intervención inmediata de profesionales con enfoque de género.
Durante las horas posteriores, la joven fue sometida a múltiples declaraciones y exámenes, en un contexto de agotamiento físico y emocional. Esta reiteración innecesaria de trámites y testimonios configuró un nuevo episodio de violencia institucional, que podría haberse evitado con una intervención coordinada y especializada.

La investigación

En los días siguientes, el acusado fue detenido, aunque recuperó la libertad a las 24 horas, situación que generó malestar y temor entre los allegados a la joven, especialmente porque el agresor tenía nacionalidad chilena y existía riesgo de fuga. Recién 72 horas después, y tras la intervención de la abogada querellante Marta D’Ávila, el juez Fernando Zanetta ordenó nuevamente su detención. En el primer allanamiento, Pérez Pérez no fue hallado en su domicilio, pero posteriormente fue localizado y quedó alojado en la unidad penitenciaria local.

La investigación también permitió conocer que otras trabajadoras de la rotisería habrían sufrido acoso por parte del condenado en el pasado. Si bien esos hechos no fueron parte del expediente judicial, la madre de la sobreviviente instó públicamente a otras mujeres a denunciar cualquier situación similar: “Es importante que quienes hayan pasado por algo así se animen a hablar. El silencio solo protege a los agresores”, expresó.
A partir del hecho, la joven recibió acompañamiento psicológico y social por parte de la Dirección de Políticas de Género de la Municipalidad de Río Gallegos, organismo que brinda asistencia las 24 horas del día. Las profesionales de ese espacio facilitaron un entorno de escucha activa y contención sostenida, elementos fundamentales para la recuperación emocional de la joven y su entorno familiar. El acompañamiento de las integrantes de esta dirección es crucial en este tipo de casos.
La Dirección -ubicada en Pellegrini 35- mantiene una guardia permanente al 2966 30-7893, destinada a personas que atraviesen situaciones de violencia por motivos de género.

La condena

Luego de varios meses de investigación, audiencias y peritajes, el Ministerio Público Fiscal, a cargo de Verónica Zuvic, consideró acreditados los hechos y solicitó la pena de siete años de prisión, teniendo en cuenta la gravedad del abuso, la relación de poder y el contexto en que se desarrolló.

El Tribunal avaló el pedido y dictó la condena, destacando que la confesión del imputado no eximía la valoración de las pruebas ni el impacto del delito en la vida de la joven. Como ocurre en estos casos, además de la condena, el tribunal ordenó inscribir a Pérez Pérez en el Registro Provincial de Agresores Sexuales.
Estos casos son muestras de la gravedad de la violencia sexual y la imperante necesidad de fortalecer los dispositivos institucionales de atención, contención y justicia con perspectiva de género.
En la Argentina, rige el Protocolo de Actuación en Casos de Violencia Sexual, que establece pautas claras para la atención médica, psicológica y judicial de las víctimas, garantizando el acceso inmediato a asistencia integral y confidencial.
Ante una situación de abuso o agresión sexual, es fundamental no permanecer en silencio y buscar ayuda lo antes posible. Las víctimas pueden comunicarse las 24 horas con la Línea 144, gratuita y nacional, que brinda orientación, acompañamiento y derivación a los servicios locales de atención.