Tras los hechos de violencia en la noche de Río Gallegos, la Policía endurecen la prevención por el consumo de alcohol y la presencia de menores

Un escenario marcado por violentos enfrentamientos callejeros a la salida de locales nocturnos, el florecimiento de eventos clandestinos con menores descontrolados y graves deficiencias de infraestructura en comercios habilitados encendió todas las alarmas en Río Gallegos.

Frente a este panorama de anomia, la Policía de Santa Cruz junto a estamentos municipales y provinciales desplegó una serie de operativos preventivos de saturación e inspección focalizados en puntos críticos de Río Gallegos, con la meta impostergable de restaurar el orden, frenar la venta de alcohol a adolescentes y hacer cumplir de forma irrestricta la normativa vigente.

El despliegue territorial responde a una decisión estratégica impulsada desde el Ministerio de Seguridad y la Jefatura de Policía de la provincia. La comisaria mayor Beatriz Milena Galeano, jefa de la Dirección General de Operaciones, fue categórica respecto a los motivos que forzaron esta intervención sistemática en las madrugadas del fin de semana. “A raíz de tantas denuncias y situaciones problemáticas que se van generando cada fin de semana, la Jefatura de Policía, a través del Ministerio de Seguridad, ordenó este tipo de operativo a los fines de disuadir este tipo de violencia y realizar un control en los locales”, explicó la funcionaria policial.

Galeano remarcó que las irregularidades en la fiscalización venían acumulándose desde hacía tiempo, afectando directamente la protección de los sectores más jóvenes. “No se venían respetando los horarios ni la permanencia de los menores, y también estaba la problemática del consumo de alcohol, teniendo en cuenta que está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad”, sostuvo con firmeza.

En ese marco, la jefa policial hizo un severo llamado de atención a los empresarios del rubro nocturno respecto a las falencias detectadas en los accesos, advertencia clave al señalar que la adquisición de tickets digitales no exime de las obligaciones legales al momento del ingreso. “Tienen que pedir de forma obligatoria el DNI por parte de los comercios. También debe existir un control adentro cuando se vence el horario de permanencia de los menores, que es a las 3 de la mañana”, remarcó Galeano.

El clima de inquietud en la sociedad riogalleguense se agudizó tras la viralización masiva de registros audiovisuales que mostraron dantescas batallas campales en plena vía pública durante la madrugada del último domingo. Las violentas escenas se desarrollaron en las afueras de un conocido local bailable ubicado en la estratégica intersección de la Ruta Nacional N° 3 y la avenida Gendarmería Nacional.

Este establecimiento, que a lo largo del tiempo ha mutado reiteradamente de firma comercial y denominación, arrastra un historial sumamente denso en la memoria colectiva local. La difusión de los incidentes reactivó de inmediato el reclamo ciudadano y evocó el dramático recuerdo del caso de Agustina Ríos, la joven de 22 años que fue vista por última vez en la madrugada del domingo 23 de agosto de 2026, cerca de las 5:45, en un predio parquizado situado detrás de ese mismo inmueble.

Sin embargo, la problemática excede largamente los límites de las boites o boliches convencionales del trazado urbano. En un procedimiento de enorme gravedad concretado durante la madrugada del sábado, la Policía provincial en acción articulada con la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) debió irrumpir en un inmueble alquilado del barrio Patagonia. Allí funcionaba un “after” clandestino en el que se albergaba a más de 60 menores de edad ingiriendo bebidas alcohólicas sin ningún tipo de control o presencia de adultos responsables. Las fuerzas de seguridad e inspectores se encontraron con un escenario alarmante: hacinamiento masivo de adolescentes, flujo indiscriminado de alcohol de baja calidad y la ausencia absoluta de condiciones mínimas de seguridad e higiene.

Estas intervenciones se enmarcan en un esquema de auditorías interinstitucionales que ya en la semana previa habían derivado en el cese preventivo de actividades de múltiples recintos nocturnos. Durante los relevamientos técnicos se detectaron fallas edilicias severas que ponían en riesgo inminente la vida de los asistentes, tales como extintores de incendios vencidos, tableros eléctricos con graves fallas estructurales e interrupción total del suministro de agua potable en los sanitarios.

En uno de los locales bailables de la zona céntrica, las autoridades descubrieron a 35 menores de edad permaneciendo dentro del recinto fuera del límite estipulado por la Ordenanza Municipal N.º 8.072/18. La Dirección de Comercio Municipal procedió a la inmediata clausura del lugar, al tiempo que el personal de Niñez resguardó a los chicos para ser entregados a sus progenitores, en una jornada convulsionada en la que un adolescente de 17 años terminó aprehendido tras promover incidentes contra el personal policial.