Un camionero llevaba a una mujer escondida en la cucheta y lo multaron con $100.000 en leche

El 7 de diciembre de 2024 quedará marcado como un hito en la historia judicial de la provincia. Por primera vez, en el marco de la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal (CPPF), se aplicó el sistema acusatorio en la resolución de un caso en Río Gallegos.

El caso comenzó en la noche del viernes, cuando un hombre intentó cruzar al país por el Paso Integración Austral, que conecta Argentina con Chile. En su camión, viajaba una mujer oculta debajo de la cabina, sin documentos y sin la debida autorización para ingresar al territorio argentino.

Gendarmería Nacional (GNA) notificó a la Fiscalía de Río Gallegos sobre el caso. En minutos, el fiscal general interino de la Unidad Fiscal Río Gallegos, Julio Zárate, activó el protocolo correspondiente y solicitó la detención del conductor del camión. Trata de Personas de la Policía de Santa Cruz entrevistó a la mujer y descartó que se tratara de un caso de trata de personas, aunque sí se constató la infracción a la Ley N° 25.871 de migraciones, que reprime el tráfico ilegal de personas.

Lo destacable de este caso fue la celeridad con la que se resolvió, siguiendo las nuevas pautas del CPPF, que permite una justicia más ágil y cercana a la ciudadanía. Solo 20 horas después de la detención, se realizó una audiencia judicial en la que se homologó un acuerdo conciliatorio entre la fiscalía y la defensa. El juez Marcelo Vázquez aprobó la resolución y, en lugar de mantener al detenido en prisión, ordenó su libertad bajo ciertas condiciones: el imputado deberá abonar una multa de 100.000 pesos, que será destinada al Hospital Regional de Río Gallegos para la compra de leche.

Esta resolución no solo es un ejemplo de eficiencia judicial, sino también de cómo el nuevo Código Procesal Penal ha permitido desformalizar los procedimientos y adaptarlos a las necesidades de un sistema judicial moderno, sin perder el rigor y la calidad en las decisiones.

La implementación del sistema acusatorio en Santa Cruz comenzó apenas días antes de este caso, el 3 de diciembre de 2024, y ya ha mostrado sus primeros frutos. Este caso no solo ha sido una lección de eficiencia judicial, sino también un ejemplo de la importancia de la cooperación y la efectiva coordinación entre los distintos organismos de seguridad y justicia. La rapidez con la que se resolvió un caso que involucra tanto a autoridades argentinas como chilenas demuestra la capacidad del sistema judicial para adaptarse a las exigencias de una región con desafíos específicos