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Lo que parecía ser una operación más dentro del mercado de vehículos usados de Río Gallegos terminó convirtiéndose en una causa penal que llegó a la Justicia Federal. Un vecino de 48 años, empleado estatal y dedicado además a la compraventa de automóviles, deberá cumplir una serie de obligaciones para evitar la realización de un juicio oral por el uso de documentación falsa.
Se trata de DEF, quien fue imputado luego de que intentara concretar la transferencia de un Chevrolet Corsa Classic utilizando una cédula de identificación vehicular apócrifa.
Según pudo saber La Opinión Austral, a maniobra quedó al descubierto en septiembre de 2021, cuando el trámite fue llevado adelante ante el Registro Nacional del Automotor Seccional N° 2 de Río Gallegos. El personal encargado de verificar la documentación detectó irregularidades en la denominada “tarjeta verde” y determinó que el documento no era auténtico.
A partir de ese momento se inició una investigación que derivó en la causa, por la presunta utilización de un instrumento falso o adulterado, con conocimiento de su falsedad.
Cinco años después del inicio del expediente, la causa encontró una salida alternativa. Durante una audiencia realizada la semana pasada, el juez de juicio Mario Gabriel Reynaldi resolvió suspender a prueba el proceso durante un año.
La decisión implica que DEF no será sometido, por el momento, a un juicio oral, pero deberá cumplir estrictamente con una serie de condiciones. Si incumple las reglas establecidas, el beneficio podría quedar comprometido.
Según pudo saber este diario, El episodio investigado ocurrió el 13 de septiembre de 2021 y tuvo como protagonista a un Chevrolet Corsa Classic de tres puertas, equipado con motor 1.6N. Para realizar la transferencia, el hombre habría recurrido a un intermediario, REC, quien se presentó en el Registro del Automotor de Río Gallegos.
La documentación exhibida incluía la Cédula de Identificación Vehicular. Sin embargo, los controles efectuados en el organismo registral detectaron que el documento era apócrifo. El procedimiento administrativo quedó inmediatamente interrumpido y el vehículo fue secuestrado, mientras que el caso pasó a conocimiento de la Justicia Federal.
La acusación quedó encuadrada en el delito previsto en el artículo 296 del Código Penal, en función del artículo 292, referido a la utilización de un instrumento público o privado falso o adulterado con conocimiento de su falsedad.
La investigación terminó ubicando a DEF como supuesto autor mediato de la conducta investigada.
El acuerdo alcanzado en Tribunales implica para el acusado una obligación económica considerable. Por un lado, deberá entregar $400.000 en bienes o elementos útiles a la Fundación Ceferino, ubicada en Río Gallegos.
Ese monto será abonado en cuatro cuotas mensuales consecutivas de $100.000. Una vez completada esa reparación, deberá afrontar además los $168.172,04 correspondientes al costo de la pericia realizada por Gendarmería Nacional. En términos nominales, ambas obligaciones representan un total de $568.172,04.
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