Exclusivo. Vecino de Río Gallegos denunció que le usurparon la casa que estaba refaccionando

La tranquilidad del barrio 90 Viviendas de Río Gallegos se vio alterada cuando Juan Domingo Gelves, domiciliado en calle Zenaida Vidal 430, descubrió que su propiedad había sido usurpada en la madrugada del Día de la Independencia. Lo que parecía ser una jornada conmemorativa se convirtió para él en el inicio de una odisea judicial, al encontrar su vivienda, aún en obra y sin condiciones mínimas de habitabilidad, completamente tomada por desconocidos.

Gelves, quien había iniciado trabajos de refacción en el inmueble —sin baño instalado, sin acceso a agua corriente ni calefacción—, quedó repentinamente privado de su legítima posesión. Los ocupantes, según la denuncia realizada por el vecino a la que tuvo acceso La Opinión Austral, irrumpieron sin ningún tipo de autorización legal, además cambiaron las cerraduras y bloquearon el ingreso, impidiendo cualquier continuidad de obra o recuperación del espacio.

En la presentación judicial realizada ante el juez Fernando Zanetta, Gelves solicitó una intervención urgente y también el dictado de medidas que permitan restituir el inmueble a su dueño. Señaló que desde el 9 de julio la ocupación es “total y continua”, generando un perjuicio económico directo y configurando, según su entendimiento, el delito de usurpación.

El denunciante acompañó su presentación con evidencia concreta. Entre ellas, destacó el registro de un Chevrolet Classic, que fue captado por cámaras de seguridad ingresando a la propiedad el sábado 12 de julio a las cinco de la madrugada. Más tarde, ese mismo vehículo fue visto estacionado regularmente en un domicilio de calle Congreso al 500, lo que permitiría, según Gelves, establecer un vínculo certero con los ocupantes ilegales.

Pero el conflicto no se limita a una disputa por la propiedad. Según se expone en la denuncia, una vecina lindante vivió un momento de tensión cuando uno de los ocupantes habría ingresado al fondo de su vivienda, golpeado su puerta y manipulado objetos personales del patio. El hecho, registrado en cámaras de seguridad y denunciado a la policía, elevó el nivel de alarma entre los residentes del barrio. En esa casa viven menores de edad, lo que agrava el riesgo y eleva la preocupación comunitaria.

Gelves advirtió que los usurpadores apelan a la supuesta presencia de niños en el interior del inmueble como argumento para evitar un eventual desalojo. No obstante, el denunciante sostuvo que dicha presencia no ha sido fehacientemente acreditada y que, en caso de haber menores, éstos estarían habitando en condiciones indignas y sin resguardo adecuado. Por ello, solicitó también la intervención de los organismos estatales encargados de velar por los derechos del niño.

Desde el punto de vista jurídico, el caso puso en tensión los límites entre la legítima protección de sectores vulnerables y el respeto a la propiedad privada, un tema recurrente en distintos puntos del país donde la ocupación de inmuebles ha generado controversias judiciales, políticas y sociales.

Gelves, por su parte, remarcó en su escrito que la situación le impide no solo disponer de su vivienda, sino continuar con las obras necesarias para hacerla habitable. “Cada día que pasa, el daño se profundiza”, habría manifestado en su entorno, al tiempo que aguarda una resolución judicial que le devuelva la tranquilidad.