A un mes de los allanamientos, frigoríficos siguen arrojando residuos líquidos de faena

Los tres frigoríficos ubicados en la avenida Almirante Brown fueron acusados de violar la Ley 24.051 de residuos peligrosos por verter líquidos de faena directamente a la ría. El jueves por la mañana, en el desagüe de la calle Juan Manuel de Rosas, este medio pudo constatar que ese accionar se repite. A nivel nacional se impulsa una nueva normativa para regularlo.

El 1 de marzo, la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental (UFIMA-Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental apoyada por la delegación local de Policía Federal, allanó los frigoríficos Orenaike, Faimali y Montecarlo.
El delito investigado era la violación de la Ley 24.051 de residuos peligrosos. Los tres establecimientos están acusados de verter residuos líquidos de faena directamente a la ría sin ningún tipo de tratamiento previo.
“Ellos tienen que tener una cámara especial para este tipo de desechos de los animales. Todo lo tiran a la costanera y al vaciadero. Todo eso contamina el agua”, había señalado en ese momento a La Opinión Austral el jefe de la dependencia de la Policía Federal en Río Gallegos, Adrián Lotocki.
Se trata de una práctica que se repite constantemente y sobre la que los vecinos han aprendido a denunciar. Sin ir más lejos, el jueves pasado el móvil de LU12 Radio Río Gallegos constató que en el desagüe que baja hacia la ría por la calle Juan Manuel de Rosas volvían a desecharse restos de animales faenados en los frigoríficos, contaminando toda el área marítima.
En sus primeros artículos, la ley de alcance nacional y aplicado en los frigoríficos por orden del Juzgado Federal de Río Gallegos, sostiene que “la generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos quedarán sujetos a las disposiciones de la presente ley cuando se tratare de residuos generados o ubicados en lugares sometidos a jurisdicción nacional o cuando, a criterio de la autoridad de aplicación, dichos residuos pudieren afectar a las personas o el ambiente más allá de la frontera de la provincia en que se hubiesen generado, o cuando las medidas higiénicas o de seguridad que a su respecto fuere conveniente disponer, tuvieren una repercusión económica sensible tal, que tornare aconsejable uniformarlas en todo el territorio de la Nación, a fin de garantizar la efectiva competencia de las empresas que debieran soportar la carga de dichas medidas”. Que se trata, básicamente, de lo sucedido en los desagües que desembocan en la ría.
Se considera, además, como “peligroso, a los efectos de esta ley, todo residuo que pueda causar daño, directa o indirectamente, a seres vivos o contaminar el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general”.

La idea del traslado
En declaraciones a este diario, el secretario de Medio Ambiente de la provincia, Mariano Bertinat, había señalado la idea de trasladar los frigoríficos a Punta Loyola. “Se podría incluso transformar ese lugar y desarrollarlo como un punto estratégico industrial. En ese sector entonces tendríamos ubicados la playa de tanques de YPF, sumado al puerto de YCRT y los frigoríficos. Pero bueno -admitió- la realidad es esta”.

Nueva ley
La semana pasada, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación presentó el proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos Ambientales para la Gestión de Residuos Peligrosos en un encuentro organizado por CATRIES (Cámara Argentina de Tratadores y Transportistas de Residuos Industriales y Especiales) y CAITPA (Cámara Argentina de Industrias de Tratamiento para la Protección Ambiental las entidades que engloban a las empresas que se dedican al transporte, tratamiento y gestión de residuos industriales en el país.
La iniciativa busca reemplazar y actualizar la Ley 24.051, sancionada en 1992, que hoy regula el tratamiento y la disposición de los residuos peligrosos en la Argentina y su posterior intento de reemplazo con la sanción de la Ley 25.612, del año 2000, que nunca pudo reglamentarse. Asimismo, los especialistas en derecho ambiental aseguran que se debe sancionar una norma que concuerde con la reforma de la Constitución Nacional de 1994, cuando se le otorgó a cada provincia la responsabilidad en materia ambiental y su consecuente regulación de la gestión de los residuos.
“Debe existir un cambio profundo en el control de los residuos industriales y peligrosos. Gran parte del arco empresarial está tomando conciencia y afrontan que los desechos que generan deben ser tratados de forma adecuada, pero para ello debemos adaptar nuestras normas a los procesos tecnológicos del siglo XXI”, aseguró Claudia Kalinec, presidenta de CATRIES.
“Desde CAITPA entendemos la necesidad de un cambio e impulsamos fuertemente la construcción de una nueva Ley que considere las nuevas tecnologías y procesos que hoy existen en el mercado y que carecen de la regulación adecuada. Vemos aquí una enorme oportunidad para dar un salto de calidad para que todo el sistema cuente con una herramienta que permita una mejora en la gestión ambiental de todos los actores e incremente el control por parte de las autoridades”, señaló su presidente, Gonzalo Añaños.