Adriana Nieto fue designada como miembro letrada del Tribunal de Enjuiciamiento

Este jueves se desarrolló, tal como estaba previsto, la sexta sesión ordinaria del año que tuvo como decisión destacada la designación de la diputada Adriana Nieto (por Santa Cruz) como miembro letrada del Tribunal de Enjuiciamiento, en representación de la Legislatura Provincial.

Asimismo, quedó sujeto a modificaciones el proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, para fortalecer la transparencia, la eficacia y la celeridad en el control de los recursos públicos, en línea con la Constitución Provincial.

La misma suerte corrió la declaración de interés público de la reactivación de la obra del astillero Puerto Caleta Paula, con el objetivo de generar empleo y fortalecer la industria naval en la zona norte de la provincia.

Lo propio pasó con la modificación del Código Fiscal, que exime del pago de ingresos brutos a empresas radicadas en las zonas francas de Río Gallegos y Caleta Olivia, promoviendo la inversión y el desarrollo regional. Y la incorporación a la Ley Provincial de Obras Públicas la posibilidad de renegociar contratos, con el objetivo de restablecer el equilibrio económico-financiero, garantizar el cumplimiento del interés público y asegurar una gestión eficiente.

Además, fue girado a comisiones la adecuación del régimen de inmunidades para legisladores, funcionarios y magistrados, que permite a la justicia avanzar en causas penales sin necesidad inmediata de desafuero.

Cabe recordar que esta sesión ordinaria venía precedida de la sesión extraordinaria de este miércoles donde se sancionó la ley electoral provisoria para la provincia de Santa Cruz que tendrá un plazo de duración de 7 meses, hasta que se trabaje en una ley electoral provincial.

Por su parte, también venía de la falta de quórum para la segunda sesión extraordinaria citada para el miércoles donde la oposición intentaba que se tratara el expediente de pedido de desafuero del diputado Fernando Españón (Por Santa Cruz), por las múltiples causas judiciales en su contra.