ADOSAC inicia una semana completa de paro y endurece su postura frente al Gobierno

Este martes 26 de mayo, la Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) arranca una nueva semana de medida de fuerza que en total, según el Congreso Extraordinario resuelto el viernes pasado, serán 96 horas de paro, es decir, toda la semana de días hábiles.

La decisión se tomó tras evaluar el resultado de la audiencia de Conciliación Obligatoria, citada por el Ministerio de Trabajo de la provincia. Como anticipó La Opinión Austral, ADOSAC se retiró poco después del inicio de la misma y resolvió profundizar las medidas de fuerza y continuar con el plan de lucha en unidad con el Frente Sindical.

De esta forma, el gremio docente definió un paro total de actividades por 96 horas para los días martes 26, miércoles 27, jueves 28 y viernes 29 de mayo.

En ese marco, desde el sindicato señalaron que durante la instancia judicial no hubo respuestas por parte del Ejecutivo provincial y calificaron la situación como “extorsiva“. Asimismo, expresaron su rechazo al accionar del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, al que acusaron de desempeñar un rol “incongruente” como árbitro del conflicto al formar parte de la patronal.

Además, el Congreso ratificó el pedido de respuestas concretas dentro de la subcomisión laboral sobre tres puntos considerados centrales para el sector docente.

En primer lugar, exigieron una fecha precisa para la paritaria salarial con una propuesta concreta que permita a los trabajadores “salir de la línea de pobreza“. También reclamaron el establecimiento de un plan y cronograma de trabajo inmediato para abordar el proyecto pedagógico impulsado por la docencia.

A ello se sumó el pedido de definición de una fecha próxima para la devolución de todos los descuentos salariales aplicados a los docentes desde diciembre de 2025 hasta la actualidad.

Entre otras definiciones adoptadas durante el Congreso, el gremio expresó su rechazo a cualquier intento de endeudamiento estatal y reclamó que los recursos públicos provengan de las regalías de empresas mineras y petroleras.

También solicitaron una inversión presupuestaria urgente para infraestructura escolar, principalmente orientada al sistema de calderas y a la finalización de obras, además de exigir el normal funcionamiento de la Caja de Servicios Sociales para garantizar el acceso a atención médica, medicamentos y estudios de laboratorio.