Caso Sosa: califican de “grave retroceso institucional” la creación del cargo de Procurador

La Asociación Civil de la Defensa Pública de la República Argentina (ADePRA) expresó su profunda preocupación por el Proyecto de Ley N° 561 presentado ante la Legislatura de la Provincia de Santa Cruz, con el que se reforma la ley para devolverle el cargo al exprocurador general de Santa Cruz, Eduardo Emilio Sosa.

Al respecto, manifestó que dicha ley propone la eliminación del Ministerio Público de la Defensa y la Defensoría General, mediante reformas a la Ley Orgánica de la Justicia Provincial, al restablecer la figura del Procurador General del Tribunal Superior de Justicia como el Jefe de los funcionarios del Ministerio Público Fiscal y Pupilar, quien será secundado por el Agente Fiscal ante el Tribunal Superior de Justicia y el Defensor Público Oficial ante el Tribunal Superior de Justicia.

“Esta iniciativa representa un grave retroceso institucional, contrario al artículo 6 de la Constitución de la Provincia de Santa Cruz y al artículo 120 de la Constitución Nacional, que garantizan la autonomía y la vigencia de la Defensa Pública como órgano independiente del Estado”, manifestaron en un comunicado firmado por Diego Stringa, secretario General y Adolfo Sánchez Alegre, presidente.

Para estos, la pretendida reforma “vulnera, además, los principios elementales del sistema acusatorio, debilitando el rol de quienes ejercen la Defensa Pública y afectando el acceso a la justicia, especialmente de personas en situación de vulnerabilidad, personas privadas de libertad, niños, niñas y adolescentes, pueblos originarios, víctimas de violencia de género e institucional, entre otros”.

Subrayaron la importancia de contar con Defensas Públicas autónomas, eficientes y libres de injerencias indebidas como garantía del debido proceso y la igualdad ante la ley ha sido reconocida en numerosas resoluciones de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“Sostenemos desde nuestra Asociación que el respeto a la autonomía de la Defensa Pública es la base sobre la que se puede construir la plena y efectiva vigencia de la Garantía de Defensa en Juicio consagrada por nuestra Constitución Nacional y los tratados con jerarquía constitucional en nuestro país, por lo que exhortamos a las autoridades provinciales al retiro del proyecto de ley y el respeto a la institucionalidad de la Defensa Pública, instando al diálogo, la prudencia, y el mantenimiento del orden constitucional” y finalmente, añadieron: “La Defensa Pública no es un privilegio ni un lujo. Es una obligación del Estado y un derecho de toda la ciudadanía”.