Puerto Santa Cruz: concejales de SER piden por el financiamiento de USD 600 millones

El gobierno de Claudio Vidal sumó un nuevo respaldo político en su iniciativa para acceder a al financiamiento de USD 600 millones desde los concejales de Puerto Santa Cruz Oscar Redondo, Florencia Hernández (presidenta del cuerpo deliberativo), y Mónica Velásquez.

Manifestaron su “firme acompañamiento al proyecto de endeudamiento impulsado por el Gobierno de la Provincia de Santa Cruz“. Señalaron que la iniciativa representa “una herramienta estratégica para acelerar el desarrollo provincial y dar respuesta a necesidades urgentes en infraestructura, salud y producción“.

El bloque oficialista argumentó que la provincia atraviesa “desafíos históricos que requieren inversiones significativas y sostenidas en el tiempo“. En ese sentido, explicaron que el acceso al financiamiento “posibilitará la ejecución de obras viales, urbanas y de servicios esenciales, mejorando la conectividad y fortaleciendo las redes de agua, energía, saneamiento“.

Respecto al área de salud, los concejales señalaron que los fondos permitirán “modernizar hospitales y centros de atención” e incorporar tecnología. “Invertir en salud significa brindar mayor seguridad, accesibilidad y calidad de atención para todos los santacruceños, independientemente del lugar donde residan”, remarcaron.

Asimismo, el comunicado hizo especial hincapié en el impacto económico local. Consideraron fundamental destinar recursos a “potenciar el desarrollo productivo de Puerto Santa Cruz“, mediante la mejora de la infraestructura logística y energética para incentivar el movimiento portuario y generar empleo genuino.

El bloque defendió el uso del crédito público como un mecanismo válido de administración. Afirmó que “el endeudamiento, cuando se encuentra orientado a inversiones que generan valor público, desarrollo y bienestar social, constituye una herramienta legítima de gestión”.

Finalmente, los representantes del Bloque SER exigieron rigurosidad en el manejo de las partidas. Advirtieron que resulta indispensable que los fondos “sean administrados con transparencia, responsabilidad y criterios de eficiencia, garantizando que cada inversión se traduzca en beneficios concretos para la población”.