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La presidenta del Concejo Deliberante de Río Gallegos, Daniela D’Amico (UCR), presentó una denuncia penal contra la concejal Cynthia Soledad Kamu (Unión por la Patria), quien encabezó el cuerpo deliberativo durante el ejercicio 2025. La presentación solicita investigar presuntas irregularidades administrativas, faltantes patrimoniales, incumplimientos funcionales y posibles delitos vinculados a la administración pública.

En diálogo con Radio LU12 AM680, D’Amico aclaró que la denuncia no responde a diferencias políticas o personales, sino a obligaciones inherentes a la función pública. “Cuando uno tiene a su cargo la administración de los recursos municipales o los recursos que tenga bajo su administración, uno tiene una responsabilidad como funcionario público”, sostuvo.

Daniela D’Amico (izquierda), presentó una denuncia penal contra la concejal Cynthia Soledad Kamu (derecha).

La presidenta del cuerpo deliberativo relató que las primeras observaciones surgieron durante el proceso de transición, cuando la nueva gestión tomó posesión de la administración. “Nosotros el 5 de diciembre cuando asumimos la presidencia del Consejo Deliberante, lo que me pasó es que fuimos encontrando faltantes en distintos lugares; al tener la percepción de estos faltantes; lo primero que notamos es que no había una entrega patrimonial, no teníamos la llave, diferentes tipos de acciones que nos daban a entender que lo que estábamos recibiendo no venía bien; estuvimos prácticamente 7 horas esperando que nos entreguen la llave del edificio”, expresó.

En ese contexto indicó que se inició un relevamiento interno para determinar el estado patrimonial de las distintas áreas. “Lo primero que hicimos es que todos los jefes entrantes le pidan a los jefes salientes, porque había un cambio de gestión, las entregas patrimoniales que ellos habían administrado hasta ese momento”, señaló.

Según explicó, durante ese análisis comenzaron a aparecer presuntas inconsistencias relacionadas con compras realizadas en los últimos meses de la gestión anterior. “En base a estas cuestiones fuimos analizando y notamos una serie de compras, varias, aproximadamente en 80 millones de pesos o un poquito más, y también algunas estructuras que se hicieron que, por ejemplo, valían 5 millones y habían 4 paredes de durlock”, manifestó.

Fuerte denuncia por faltante de patrimonio en el Concejo Deliberante de Río Gallegos.

Asimismo, sostuvo que observaron un incremento de adquisiciones entre septiembre y diciembre, período en el que ya se conocía el recambio de autoridades. “En esta situación fuimos observando que había en estas compras que detectamos que se habían hecho de forma bastante más asidua del mes de septiembre a diciembre, que era más o menos cuando ya se sabía que iba a haber un recambio de la presidencia, entre ellas, por ejemplo, herramientas como moladoras, taladros, compras por 9 millones”.

Sobre este punto, señaló que las herramientas supuestamente adquiridas no figuraban en los inventarios relevados. “Cuando pedimos el inventario de mantenimiento, no había un solo clavo, y habían compras de menos de un mes y medio. Se puede perder un taladro, se puede romper, puede pasar y esto es algo coherente, pero no que de repente no haya absolutamente nada”.

D’Amico también mencionó presuntas irregularidades relacionadas con botiquines, equipamiento informático y otros elementos adquiridos. “Empezamos a detectar estas inconsistencias, empezamos a ver otras cosas como, por ejemplo, que se había comprado el día 28 de noviembre 5 millones en botiquines; supuestamente un botiquín para cada oficina del Concejo Deliberante, y cuando la técnica de seguridad y higiene hace el informe sobre la situación edilicia al momento de tomar el lugar, con la nueva gestión, notamos que no había ningún botiquín”.

Además, agregó que surgieron dudas respecto al patrimonio tecnológico. “Después empezamos a contabilizar las computadoras; habían dos computadoras que habían sido retiradas, hablamos con la empresa donde fueron retiradas, y estas computadoras nunca fueron incorporadas en el patrimonio, pero sí habían sido recepcionadas en presidencia”.

D’Amico expresó que en el marco de tareas de relevamiento institucional, auditoría interna y control patrimonial impulsadas por la actual gestión, se empezaron a notar muchas inconsistencias.

La titular del Concejo explicó que antes de acudir a la Justicia se realizaron actuaciones administrativas y se solicitaron explicaciones formales. “Nosotros no podíamos hacer un caso omiso a esto; tuvimos un trabajo administrativo, que creo que es lo que primero nos va a pedir la justicia con respecto a agotar la vida administrativa, porque para no ir directamente a la justicia, le pedimos informes a la concejal de manera escrita de cada una de las cosas que yo le señalo y otras más, entre ellas, 7 millones en plantas”.

Según indicó, se otorgó una prórroga para responder a esos requerimientos, pero afirmó que nunca hubo respuesta. “A medida que íbamos mirando, íbamos encontrando otras cosas. Entonces, le pedimos un informe a la concejal, nos pidió una prórroga, le otorgamos la prórroga, y nunca recibimos el informe de la concejal ni el descargo que debidamente podría haber hecho por la vía administrativa”.

Finalmente, confirmó que la documentación fue incorporada a la denuncia presentada ante la Justicia y organismos de control. “Lo que hice fue terminar la denuncia judicial con los informes patrimoniales, entregados y recibidos al momento de la nueva función de la gestión. Lo asombroso es que muchos de los faltantes tienen la firma de la recepción de la expresidenta del Concejo Deliberante”.

“A la denuncia la presenté en el Juzgado Penal N° 1 y también a nivel Tribunal de Cuentas, porque nosotros, los que estamos en la Administración Pública, no podemos hacer caso omiso a estas cosas; puede gustarles un poco más o no, pero nosotros lo dejamos en las manos de la Justicia”, concluyó.

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