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La dispersión de residuos plásticos provenientes del nuevo depósito municipal de Río Gallegos continúa afectando los campos de pastoreo de la estancia Punta Loyola. Javier Álvarez Bento, administrador del establecimiento, reclamó que se detenga la voladura de bolsas y otros desechos hacia el predio rural. El conflicto comenzó en octubre de 2023, llegó a la Justicia y tendrá una nueva audiencia esta semana.
En diálogo con Radio LU12 AM680, Álvarez Bento recordó que durante los primeros dos años intentaron resolver el problema por vías administrativas, sin obtener respuestas: “En 2023 no pudimos avanzar mucho. En 2024 nos bicicletearon con que iban a mejorar las cosas y en 2025 no quedó otra que irnos a la vía judicial”.
En junio de ese año presentaron un amparo ambiental para exigir una solución urgente, pero cuestionó las demoras en el expediente. “Un amparo es algo que se resuelve inmediatamente. Te dicen sí o no, te tienen que decir ya. Y vamos un año y medio esperando”, señaló.
Los relevamientos realizados sobre la denominada pluma de dispersión identificaron unas 5.000 hectáreas afectadas. En uno de los sectores relevados, la contaminación alcanza aproximadamente 3.500 metros de oeste a este por 2.000 metros de ancho. Además, estudios realizados por profesionales del INTA detectaron plástico en el pasto.
El impacto en la producción ovina
La presencia de residuos obligó a retirar animales de los sectores comprometidos para evitar que consumieran los plásticos. “Nosotros vivimos de cuidar los animales y de los animales, entonces lo que menos queremos es que se enfermen o que pase algo grave”, explicó Álvarez Bento.
Aunque aclaró que hasta el momento no registraron muertes, reconoció que debieron reducir el uso de esos campos y retirar buena parte de la hacienda. “Hoy la estoy usando mínimamente con muy pocos animales, porque tampoco me queda otro recurso. Son 5.000 hectáreas, un campo muy bueno, y te queda todo eso sin utilizar“, lamentó.
La situación también alcanza a los corderos, que deberán ser retirados antes de que comiencen a alimentarse con pasto de los sectores afectados. El perjuicio económico repercutió en la estructura laboral de la estancia, perteneciente a la familia Hamilton y con 140 años de historia productiva. Actualmente cuenta con 11 empleados. “Ya tenemos un empleado menos por esto, lamentablemente, porque fue mucha hacienda la que tuvimos que sacar”, indicó.
Cuestionamientos al funcionamiento del depósito municipal
Álvarez Bento explicó que el nuevo predio fue proyectado como un relleno sanitario que debía recibir residuos previamente compactados en bloques para evitar su dispersión. Sin embargo, aseguró que el municipio nunca incorporó la maquinaria necesaria para cumplir con ese procedimiento.”El proyecto era hermoso. Tenían que traer bloques de basura compactada, como se hace en todas las ciudades. Capaz que se iba a volar algo de plástico, pero iba a ser el 1% de lo que pasa hoy”, sostuvo.
En cambio, describió que los camiones descargan los residuos directamente en el terreno y que, posteriormente, una máquina los cubre con tierra: “Nunca hicieron la parte fundamental del proceso, que era compactar en Gallegos y traer los bloques compactados. Empezaron a traer basura en camionadas: los camiones vuelcan, se hace una pila y cada tanto van con una máquina y la tapan con tierra”.
El viento de la zona favorece la dispersión de bolsas y otros materiales livianos hacia los campos vecinos. Para el productor, el incumplimiento de las condiciones establecidas en el estudio de impacto ambiental explica el alcance del problema.
“En la segunda hoja del estudio de impacto ambiental dice que la basura tiene que venir compactada. No es nada raro, era la piedra fundamental. Se hizo esto para traer basura compactada y te la traen así nomás”, cuestionó.
A su vez, señaló que el nuevo depósito recibe entre el 15% y el 20% de los residuos de Río Gallegos, mientras que el antiguo basural continúa funcionando. “Ni siquiera es que dejaron de tirar en Gallegos y nosotros somos el efecto colateral de que están saneando allá. En el viejo se sigue tirando como toda la vida y, además, contrataron una empresa privada para venir a hacer mugre en otro lado”, afirmó.
El reclamo ante la Justicia
El amparo ambiental busca detener la dispersión de residuos y exigir el cumplimiento de las condiciones previstas para el funcionamiento del depósito. Álvarez Bento advirtió que mientras continúe el ingreso de plásticos al campo será imposible establecer la dimensión definitiva del daño.
“Lo que estamos pidiendo en el amparo es que paren con ese proceso que nos tiene de plástico el campo. Cada día que siguen tirando kilos y kilos son años que voy a tardar en recuperarlo. Ese plástico va a estar 200 o 300 años en el campo. Es imposible sacarlo”, reprochó.
La nueva audiencia está prevista para este miércoles ante la jueza María Belén Aybar. El administrador confirmó que asistirá junto con su abogada, Gabriela Blaser, mientras que el municipio también tendrá representación legal.
La última audiencia tuvo lugar en agosto de 2025. En aquella oportunidad, se dispuso una inspección ocular que se concretó en diciembre, pero desde entonces, según indicó, no recibieron novedades sobre la causa. “El daño que nos están haciendo era completamente evitable. Estaban todas las medidas, pero después nunca se controló que hicieran lo que tenían que hacer”, concluyó.
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