Mediante el sistema, vigente desde 2018, el Estado cubría parcialmente el costo de los boletos gratuitos que debían otorgar las empresas de transporte interjurisdiccional a los beneficiarios contemplados en esas normativas.
“Hay empresas que estaban recibiendo algún aporte de provincia, no sé ahora, y con este quite del subsidio lo que hacen es bajar la posibilidad de que la persona acceda directamente a su pase gratuito de transporte terrestre“, señaló Diego De la Mata, representante de Santa Cruz en el Consejo Federal de Discapacidad (COFEDIS), a Radio LU12 AM680.
“No nos olvidemos de que no tenemos ningún otro tipo de transporte interpoblación, de Río Gallegos a Puerto San Julián tengo que tomar TAQSA o Sportman, porque el resto están a puertas cerradas acá en la provincia, tanto Andesmar como el resto de las empresas pasan por la localidad pero no suben pasajeros, entonces estamos limitados a dos líneas”, describió.
“Hoy un pasaje Gallegos-San Julián o San Julián-Gallegos cuesta 50.000 pesos, en una pensión que no supera los 400.000 pesos, vos gastás 100.000 pesos en pasajes, ¿qué te queda para el resto del mes?“, expuso.
En este sentido, recordó que “solamente el 10% de las personas con discapacidad acceden hoy a un trabajo formal, el 90% están afuera, somos 5 millones de personas con discapacidad. Estamos muy complicados”.
Acceso
Por otro lado, De la Mata recordó que “está instituido en la ley 22.431, que es una ley antigua, pero está reglamentado por el decreto 038/2004, cómo tenías que gestionar como persona con discapacidad, el pase gratuito de transporte. El Certificado Único de Discapacidad (CUD) se tomó como elemento de verificación de la identidad de la persona con discapacidad. Entonces con eso, más la fotocopia del DNI, podías acceder al pase gratuito”.
Asimismo, aclaró que los pasajes posibilitan otras actividades. “No es solamente para rehabilitación. A mí me gusta hacer algún tipo de deporte y en San Julián, no tengo un equipo de fútbol adaptado para ciegos entonces tengo que viajar para poder encontrarme con otros ciegos que jueguen al fútbol o al goalball o para hacer una tramitación”.
Las empresas continuarán obligadas a emitir los boletos sin cargo para los grupos alcanzados por la ley ya que la medida no modifica el derecho a acceder a pasajes gratuitos.
“El Gobierno nacional saca el subsidio y pone a la CNRT a controlar con un 0800 o un correo electrónico”, indicó.
En este contexto, De la Mata observó que “la empresa no va a absorber todo ese costo en sí, porque además el agenciero gana en función de la cantidad de pasajes que vende. Si doy cuatro pasajes con discapacidad gratuito, pierdo mi ganancia del día“.
Asimismo, valoró la predisposición de las empresas locales. “Siempre tratan de estar a la altura y realmente nos dan una mano en lo que ellos pueden y a medida que ellos tienen. Otras empresas, lamentablemente, prefieren pagar el canon de multa que dar los pases de discapacidad”.
“Tenemos que tener en cuenta que más allá del cuadro clínico y del diagnóstico, la persona con discapacidad tiene que vivir en sociedad por lo tanto, con esto, lo que estamos logrando es dejarlos afuera“, cerró
