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La adhesión al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) sigue generando tensiones en Santa Cruz. Mientras la Cámara de Diputados lleva adelante la discusión del proyecto, gremios y organizaciones políticas se movilizan afuera exigiendo un diálogo abierto.
Gustavo Subiabre, Secretario de Derechos Humanos de ATE Santa Cruz y dirigente de la CTA-A provincial, expresó su rechazo y denunció que los gremios han sido excluidos del debate: “Estamos diciendo con todos los compañeros que vengan a dar la cara porque nosotros ya hicimos todos los procedimientos para que nos llamen a debatir. Nos cerraron las puertas y nos trataron de violentos”.
Tras estas acusaciones, el bloque Por Santa Cruz pidió un cuarto intermedio para dialogar con los referentes sindicales. Sin embargo, Subiabre cuestionó las intenciones de esta invitación: “Ahora que tienen a la gente afuera y saben que los compañeros expusieron muy bien, nos quieren llamar a encerrarnos en una oficina a hablar lo que a ellos les conviene… No es que nosotros nos negamos al diálogo, los invitamos al diálogo, pero que sea abierto, al frente de todos”.
El rechazo al RIGI y sus implicancias
El dirigente gremial dejó en claro que el conflicto no es contra las inversiones, sino contra el contenido del RIGI y su impacto en los recursos provinciales y los trabajadores. “Nosotros no estamos en desacuerdo con las inversiones. Lo que no queremos es el RIGI. Es el látigo para los trabajadores, y vienen a vaciar nuestros recursos de la provincia”, afirmó.
Además, Subiabre exigió que el proyecto sea analizado desde múltiples perspectivas: “La salida es que el RIGI se tiene que trabajar no solo en la comisión de trabajo, sino también en otras como la de ambiente. Y también tienen que dar explicaciones sobre cuáles son las empresas que van a venir a traer estas grandes inversiones”.
Mientras las discusiones internas continúan, la oposición asegura contar con los votos necesarios para devolver el proyecto a comisiones, lo que podría dilatar aún más el debate sobre el RIGI. En tanto, los gremios y organizaciones sociales exigen un proceso más transparente y un debate público que permita a los ciudadanos comprender las implicancias de la adhesión al régimen.
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