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Las federaciones docentes universitarias de todo el país confirmaron la realización de un paro nacional de siete días que se extenderá desde el miércoles 28 de octubre hasta el martes 3 de noviembre inclusive. La medida suspenderá las actividades académicas en las casas de altos estudios públicas como respuesta al plan de ajuste presupuestario implementado por el Ejecutivo Nacional.

En el centro del reclamo, los gremios exigen una recomposición que compense la caída del 34% en el poder adquisitivo del salario acumulada desde el inicio de la gestión nacional. Frente a este deterioro, los docentes demandan la aplicación de un aumento salarial del 33,4% para equiparar la inflación, mientras que el Gobierno nacional únicamente ofreció reajustes escalonados del 3% al 4,1%, propuesta calificada de insuficiente por las representaciones sindicales.

Respecto a la Ley de Financiamiento Universitario (Ley 27.795), el sector señala que su falta de aplicación efectiva profundizó la crisis del sistema educativo. Los gremios remarcan que la norma, ratificada por el Congreso e intimada por fallos judiciales, garantiza la actualización automática de los salarios docentes y no docentes conforme al índice inflacionario, además de asegurar los fondos mínimos para el funcionamiento operativo de las universidades y las becas estudiantiles.

Conflicto salarial

El plan de lucha se profundizará tras la realización de la “quinta marcha federal universitaria“, movilización que visibilizó el rechazo generalizado a los recortes en el sector. La Mesa Ejecutiva de las federaciones coordinará las acciones dentro del Frente Sindical y convocó a un nuevo Congreso Extraordinario para el próximo 6 de noviembre, fecha en la que se evaluará el escenario y se definirán las siguientes etapas de la protesta.

En Santa Cruz, la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (ADIUNPA) confirmó su adhesión plena a la medida de fuerza. La medida de fuerza afectará las actividades académicas y de extensión en las unidades académicas de Río Gallegos, Caleta Olivia, Puerto San Julián y Río Turbio, como así también en los centros de atención y ciberedes de la UNPA distribuidos en la provincia. Desde el gremio remarcaron que el mandato local confluirá con la decisión adoptada por CONADU Histórica antes de la reunión de evaluación fijada para noviembre.

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