El abogado Agustín Ferreyra calificó de “discriminatorio e ilegal” el pedido de ADOSAC para reducir la jornada de alumnos con discapacidad

El abogado especialista en discapacidad, Agustín Ferreyra, rechazó este domingo el planteo del gremio docente santacruceño que pidió revisar la asistencia a jornada completa de estudiantes con discapacidad. La solicitud, realizada por la ADOSAC ante el Ministerio de Trabajo de la Nación en el marco del Acta N.º 12, propone evaluar si los alumnos con discapacidad “pueden asistir a toda la jornada escolar o si debe ser reducida su permanencia”, mencionando como antecedente el Acta N.º 12 del Ministerio de Trabajo.

La respuesta de Ferreyra apuntó contra un apartado específico contenido en el documento paritario conocido como Acta N.º 12 del Ministerio de Trabajo, donde el gremio solicitó la evaluación de permanencia escolar. Para el letrado, la iniciativa es discriminatoria, ilegal y contraria al marco normativo, al asegurar que “vulnera la jerarquía constitucional” de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, incorporada al ordenamiento argentino con rango constitucional.

“El CUD no puede definir limitaciones educativas”

Ferreyra recordó que el Certificado Único de Discapacidad (CUD) es un documento de validez nacional que no puede ser interpretado localmente para determinar restricciones educativas. “Pretender que el CUD determine si un alumno debe cumplir jornada reducida es jurídicamente inviable y contrario al modelo social de la discapacidad”, sostuvo el especialista, subrayando que el contenido del certificado “no puede ser modificado ni reinterpretado por un actor provincial para definir permanencia escolar”.

En paralelo, el abogado explicó que la educación inclusiva exige adaptar el sistema educativo al alumno, no al revés, y que argumentar la reducción de jornada desde el certificado implica retroceder en derechos y reinstalar barreras. “La discapacidad es dinámica; reducir la jornada escolar implica retroceder en inclusión y vulnerar principios básicos de igualdad de oportunidades”, remarcó Ferreyra.

Durante su descargo, el abogado también citó lineamientos del Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que obligan a los Estados a garantizar apoyos individualizados, entornos accesibles y evitar cualquier forma de segregación o jornada recortada como modelo general para estudiantes con discapacidad. Esos lineamientos priorizan el diseño de ajustes razonables, asistencias específicas y estrategias pedagógicas que aseguren plena participación escolar.

“La inclusión es adaptar la escuela, no restar escuela”

Ferreyra defendió que el derecho a la asistencia no puede quedar condicionado a un documento de certificación ni a una interpretación sindical. “La inclusión es adaptar la escuela, no restar escuela. No se puede limitar presencia para evitar la obligación de garantizar apoyos”, señaló.

El abogado expresó además su respaldo al Consejo Provincial de Educación de Santa Cruz, organismo que –dijo– “trabaja en consolidar políticas de educación inclusiva”, y llamó a la dirigencia docente y a la comunidad educativa a informarse sobre normativa de discapacidad y prácticas de no discriminación. Finalmente, instó a ADOSAC a “revisar la propuesta para no incurrir en planteos que limiten derechos fundamentales”.