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El endeudamiento familiar dejó de ser un problema exclusivamente individual y comenzó a adquirir una dimensión económica y social que alcanza a millones de argentinos. En ese escenario, Santa Cruz aparece como uno de los casos más críticos del país y, particularmente, como la provincia patagónica con los peores indicadores de irregularidad crediticia.
Los datos surgen de un informe elaborado por el Observatorio de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), que analizó la evolución del crédito y la morosidad entre 2024 y 2026.
Como ya informamos en su oportunidad desde La Opinión Austral, el relevamiento correspondiente a mayo de 2026 ubicó a Santa Cruz en el primer lugar del ranking patagónico, con 31,2% de los deudores en situación irregular. A su vez, la provincia registra un 19,8% de ratio total de irregularidad crediticia, mientras que la mora alcanza el 31,8% en billeteras virtuales y el 16,2% en el sistema bancario.
La dimensión del fenómeno adquiere mayor relevancia al observar la evolución del crédito digital. Según el informe, la morosidad en billeteras virtuales pasó del 7,3% a fines de 2024 al 29,6% en mayo de 2026, superando incluso los niveles registrados durante la pandemia.
Crédito para llegar a fin de mes
El cambio en el destino del crédito es uno de los aspectos que más preocupa a los especialistas. El informe sostiene que las familias ya no recurren principalmente al financiamiento para adquirir bienes durables o afrontar consumos extraordinarios, sino para cubrir gastos básicos como alimentos, alquileres, servicios y medicamentos.
En este escenario, los préstamos personales concentran el 73% del saldo irregular, mientras que las tarjetas de crédito también presentan elevados niveles de incumplimiento.
De esta manera, el crédito pasó a funcionar para muchas familias como una herramienta de subsistencia frente a la pérdida del poder adquisitivo, en lugar de constituir una herramienta destinada a financiar inversiones o consumos planificados.
La situación santacruceña se inscribe en una problemática de alcance nacional. En todo el país hay 20,9 millones de personas con algún tipo de deuda, de las cuales 5,8 millones se encuentran en mora. Una parte importante mantiene compromisos exclusivamente con billeteras virtuales.
Un debate que llegó al Congreso
Frente a este escenario, diputados nacionales de distintos sectores de la oposición impulsaron proyectos destinados a regular de manera integral el ecosistema financiero digital y establecer mayores niveles de protección para los usuarios.
Uno de ellos fue presentado por el diputado nacional de Provincias Unidas Pablo Juliano, con el objetivo de combatir el crédito impulsivo ofrecido a través de aplicaciones móviles y billeteras virtuales y, al mismo tiempo, generar mecanismos de reinserción económica para quienes atraviesan situaciones críticas de endeudamiento.
La iniciativa propone que bancos y fintech deban realizar una evaluación integral de la situación económica del usuario antes de otorgar nuevo financiamiento, con el objetivo de evitar que una misma persona acumule obligaciones automáticas en distintas plataformas sin que exista una evaluación global de su capacidad de pago.
El proyecto también contempla un procedimiento judicial de rehabilitación financiera para situaciones de insolvencia o sobreendeudamiento estructural. Allí se podrían establecer planes de pago acordes a los ingresos reales del deudor, junto con la adecuación de intereses, cargos y penalidades.
Además, se prevé la posibilidad de suspender temporalmente ejecuciones que puedan poner en riesgo la subsistencia y proteger determinados bienes esenciales.
Uno de los puntos centrales es la denominada “segunda oportunidad”: si una persona actúa de buena fe y cumple sustancialmente con el plan de pagos homologado judicialmente, el juez podría disponer la extinción total o parcial de las deudas que permanezcan pendientes.
Contra los “patrones oscuros”
La propuesta también apunta directamente al diseño de las aplicaciones financieras. El proyecto busca regular los denominados “dark patterns”, es decir, interfaces diseñadas para inducir determinadas decisiones del usuario, y la utilización de mecanismos de gamificación para promover el endeudamiento.
La iniciativa pretende impedir que las plataformas oculten el costo real de un préstamo, incentiven el acceso acelerado al crédito o presionen a los usuarios mediante notificaciones reiteradas sobre créditos preaprobados.
También plantea que los sistemas automatizados utilizados para evaluar la capacidad crediticia sean transparentes, auditables y sujetos a revisión humana, con el objetivo de evitar decisiones opacas o sesgos discriminatorios.
En materia de cobranzas, propone limitar las prácticas de hostigamiento, intimidación o violencia económica contra personas que se encuentran en mora.
“Las billeteras virtuales deben cumplir los mismos protocolos que las tarjetas bancarias”, sostuvo Juliano al defender la iniciativa. El legislador cuestionó especialmente las ofertas de créditos que aparecen de manera reiterada en las aplicaciones y señaló que, según sus planteos, los intereses pueden alcanzar niveles de entre 100% y 700%.
Juliano también advirtió sobre el mecanismo mediante el cual algunas plataformas ofrecen un nuevo crédito para cancelar uno anterior, generando un circuito de endeudamiento que puede volverse permanente.
“Una persona debe pagar sus deudas, pero el sistema tampoco puede condenarla a permanecer excluida o endeudada de por vida”, sostuvo.
La situación de los sectores más vulnerables
En paralelo, un grupo de 27 diputados del peronismo federal, encabezados por Victoria Tolosa Paz, presentó otra iniciativa destinada específicamente a proteger a beneficiarios de prestaciones sociales de ANSES.
El proyecto pone el foco en las personas que cuentan con ingresos estatales regulares y que, según los legisladores, son objeto de ofertas crediticias debido precisamente a la previsibilidad de esos ingresos.
La iniciativa cuestiona especialmente los casos en los que los Costos Financieros Totales superan el 700% y propone modificar los criterios utilizados para determinar el acceso al crédito.
Uno de los ejes es el funcionamiento de los algoritmos de evaluación crediticia. El proyecto busca impedir que variables relacionadas con la condición socioeconómica, la informalidad laboral o el carácter asistencial de los ingresos sean utilizadas automáticamente como factores negativos para determinar el acceso y el costo del financiamiento.
Santa Cruz, en el centro de la discusión
Los datos del Observatorio de Economía de la UNPSJB permiten dimensionar el impacto que tendría este debate en Santa Cruz. La provincia presenta el 31,8% de mora en billeteras virtuales, un indicador que se ubica por encima del promedio general señalado para el sistema y que expone la fuerte dependencia del crédito digital.
El dato adquiere particular relevancia porque se combina con un escenario en el que las familias utilizan cada vez más el financiamiento para afrontar gastos esenciales.
En otras provincias patagónicas la situación es diferente. Neuquén exhibe los mejores indicadores de la región, en buena medida asociados al dinamismo económico generado por Vaca Muerta, mientras que la Patagonia Sur concentra los niveles más elevados de endeudamiento.
Así, el debate que comenzó en el Congreso sobre las condiciones de acceso al crédito, las tasas de interés, los algoritmos y las prácticas de las billeteras virtuales encuentra en Santa Cruz un escenario concreto donde esas discusiones adquieren una dimensión social.
La combinación entre pérdida de poder adquisitivo, necesidad de financiar gastos cotidianos y crecimiento de la morosidad plantea un desafío que excede la relación entre una persona y una plataforma financiera. Como advierten los impulsores de las iniciativas legislativas, cuando el sobreendeudamiento alcanza a millones de personas, sus consecuencias terminan trasladándose al consumo, al comercio, al empleo y al funcionamiento general de la economía.
En Santa Cruz, donde casi uno de cada tres deudores se encuentra en situación irregular, ese fenómeno ya dejó de ser una advertencia para convertirse en uno de los principales indicadores de la fragilidad económica de los hogares.
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