El Frente Sindical intimó al Gobierno a pagar el aumento salarial del 33,4% a docentes y nodocente universitarios

Tras la resolución dictada por la Justicia Federal, el Frente Sindical de las Universidades Nacionales intimó formalmente al Gobierno Nacional al cumplimiento efectivo de la Ley N° 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y exigió la liquidación de una recomposición salarial del 33,4% adeudada al mes de agosto.

La medida se fundamenta en el dictamen del juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, quien verificó el incumplimiento de la medida cautelar firme e intimó al Ejecutivo a hacerla efectiva en un plazo perentorio de cinco días, bajo apercibimiento de aplicar sanciones conminatorias.

La intimación fue dirigida a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y a la Secretaría de Educación de la Nación. En el documento, las representaciones gremiales fijaron el 30 de septiembre de 2026 como fecha límite para que el Estado abone la recomposición adeudada con carácter remunerativo y bonificable.

Petitorio gremial

Asimismo, el petitorio exige la convocatoria inmediata a la paritaria nacional de los sectores docente y nodocente. También demanda la incorporación definitiva a los sueldos básicos de todas las sumas no remunerativas y no bonificables previstas en los convenios colectivos, junto con la presentación formal de un cronograma concreto de pago.

Las entidades sindicales advirtieron que, de vencer el plazo del 30 de septiembre sin concretarse la acreditación, promoverán denuncias penales individuales contra los funcionarios públicos responsables. La imputación se formularía por la eventual comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público (artículo 248 del Código Penal), desobediencia judicial (artículo 239) y omisión o retardo de actos funcionales (artículo 249).

El reclamo es impulsado en conjunto por las organizaciones que conforman el Frente Sindical de las Universidades Nacionales: la CONADU (Clara Chevalier), FATUN (Walter Merkis), CONADU Histórica (Francisca Staiti), FEDUN (Daniel Ricci), CTERA (Sonia Alesso), FAGDUT (Ricardo Mozzi), UDA (Sergio Romero) y ADIUNPA, de representación docente e investigadora en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral.

Antecedentes normativos

El escrito sindical repasa el recorrido de la Ley N° 27.795, sancionada por el Congreso de la Nación el 21 de agosto de 2025 y ratificada por ambas Cámaras con mayoría de dos tercios el 2 de octubre de 2025 tras el veto del Poder Ejecutivo. La norma fue promulgada el 21 de octubre de 2025, pero el Gobierno emitió simultáneamente el Decreto N° 759/2025, mediante el cual condicionó su aplicación a la disponibilidad de partidas presupuestarias.

Frente a lo que las entidades sindicales calificaron como una medida manifiestamente inconstitucional —por intentar suspender una ley vigente con un decreto de menor jerarquía—, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) promovió la acción de amparo colectivo que derivó en la cautelar no ejecutada. La falta de liquidación de la partida mantiene congelada la recomposición de los haberes frente a la inflación acumulada, lo que motivó el endurecimiento de la postura gremial ante el inminente vencimiento del plazo judicial.