El nuevo TSJ arrancó con auditorías, revisión de ingresos y foco en las demoras judiciales

La primera reunión del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz con sus nueve vocales dejó una señal institucional fuerte hacia adentro del Poder Judicial. Con una agenda cargada y atravesada por el reciente fallo de la Corte Suprema que ratificó su ampliación, el nuevo cuerpo avanzó sobre temas sensibles: la situación financiera del sistema judicial, el conflicto gremial, las incorporaciones de personal y las demoras en la tramitación de expedientes.

La reunión extraordinaria, encabezada por el flamante presidente del Tribunal Superior, Gabriel Contreras Agüero, funcionó en los hechos como una suerte de “radiografía interna” del Poder Judicial santacruceño. Y también como el inicio de una etapa donde la nueva integración busca mostrar capacidad de gestión, control administrativo y respuesta frente a las críticas que durante años apuntaron a la lentitud judicial y a la falta de transparencia en distintos sectores del sistema.

Uno de los puntos centrales fue el análisis administrativo y financiero del Poder Judicial. El Tribunal resolvió convocar al administrador general para que presente un informe detallado sobre ejecución presupuestaria, recursos disponibles, obligaciones pendientes y gastos ejecutados durante 2025 y 2026.

Pedido amplio

Pero el pedido fue mucho más amplio. Los vocales exigieron precisiones sobre masa salarial de magistrados, funcionarios y empleados; costos mensuales de servicios y tributos; contratos de alquiler vigentes; compras de equipamiento informático; situación del parque automotor; licitaciones públicas y privadas; concursos de precios y contrataciones directas realizadas en los últimos ejercicios.

La decisión fue leída en ámbitos judiciales y políticos como el inicio de una auditoría interna sobre el funcionamiento administrativo del Poder Judicial. El conflicto gremial también ocupó un lugar prioritario en el debate. Contreras Agüero propuso solicitar al Ministerio de Trabajo una conciliación obligatoria para intentar descomprimir la tensión con los trabajadores judiciales. La propuesta recibió el respaldo de varios vocales, aunque no hubo unanimidad.

Las juezas Alicia Mercau y Renée Fernández, junto al vocal Fernando Basanta, plantearon que la conciliación obligatoria no sería aplicable por la vigencia de la Ley 3022 y acuerdos paritarios previos, y sostuvieron que el mecanismo adecuado debería ser un arbitraje. Finalmente, por mayoría, el Tribunal resolvió avanzar igualmente con el pedido de conciliación.

Revisión de los ingresos

Otro de los ejes más delicados abordados en la reunión fue el sistema de ingresos al Poder Judicial. El presidente del TSJ propuso que todas las futuras incorporaciones se realicen mediante concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición.

En paralelo, tal como lo anticipó La Opinión Austral, el Tribunal pidió un informe detallado sobre todos los ingresos concretados desde septiembre de 2025 hasta la actualidad. El requerimiento apunta a conocer cómo fueron las incorporaciones realizadas en ese período y bajo qué mecanismos administrativos se concretaron.

Dentro del tribunal, el tema no es menor. Desde hace años, distintos sectores políticos, gremiales y profesionales vienen cuestionando la falta de “concursos transparentes” y el “manejo discrecional” de algunos nombramientos. Por eso, el nuevo enfoque del TSJ aparece como una señal destinada a mostrar mayor institucionalidad y control sobre futuras designaciones.

Causas pendientes

La preocupación por las demoras judiciales también ocupó buena parte del acuerdo extraordinario. El Tribunal ordenó a las distintas secretarías presentar informes urgentes sobre expedientes en trámite, recursos de casación, quejas, causas contencioso-administrativas y planteos de inconstitucionalidad.

Además, se requirió información precisa sobre el estado procesal de causas en cámaras civiles, comerciales, laborales, mineras y penales de toda la provincia, incluyendo aquellas donde existen personas privadas de la libertad.

La medida busca dimensionar el nivel de atraso existente en distintos fueros y establecer prioridades para acelerar resoluciones pendientes. En los pasillos judiciales reconocen que el volumen de expedientes demorados es uno de los principales problemas estructurales que enfrenta actualmente el sistema.

Reunión con el Colegio de la Abogacía

En otro punto sensible, el Tribunal también solicitó informes sobre funcionarios y empleados que cumplen tareas o realizan actividades institucionales fuera de Santa Cruz y sobre el impacto presupuestario que ello genera. La decisión apunta a revisar erogaciones y funciones asignadas fuera del territorio provincial, en momentos donde el control del gasto aparece como uno de los nuevos ejes de gestión.

Finalmente, el TSJ resolvió avanzar en una reunión institucional con el Colegio de la Abogacía de Santa Cruz para abordar distintos temas vinculados al ejercicio profesional y al funcionamiento judicial. La intención es abrir una instancia de diálogo con uno de los sectores que históricamente más cuestionó las demoras y dificultades operativas del sistema judicial santacruceño.

La primera reunión del nuevo Tribunal Superior dejó una conclusión clara y es que la ampliación del cuerpo no solo modificó la estructura política interna del Poder Judicial, sino que también abrió una etapa de revisión profunda sobre su funcionamiento administrativo, financiero y judicial.