El nuevo TSJ mueve fichas y revisa decisiones polémicas: la gestión anterior quedó bajo la lupa

Tras el fallo de la Corte Suprema que oficializó a los nueve integrantes del Tribunal Superior de Justicia y luego de que Gabriel Contreras jurara como presidente, el máximo órgano judicial provincial empezó a revisar medidas adoptadas durante la gestión encabezada por la expresidenta del cuerpo, Reneé Guadalupe Fernández, en lo que dentro del edificio judicial ya describen como un proceso de “reordenamiento” y “normalización” institucional.

Las primeras señales llegaron a través de dos resoluciones que pusieron el foco sobre decisiones tomadas por el anterior esquema de conducción del TSJ y que ahora podrían derivar en consecuencias políticas y administrativas.

Uno de los casos más sensibles está vinculado al expediente por el presunto intento de homicidio que tiene como imputada a Maira Ayelén Meden. Según pudo conocer La Opinión Austral, el nuevo Tribunal Superior analiza dejar sin efecto una actuación impulsada por el entonces secretario de Superintendencia y Jurisprudencia, Fernando Costabel, quien había solicitado al Juzgado de Instrucción N° 2 la remisión completa de las actuaciones judiciales.

El oficio, fechado el 30 de abril de 2026 y dirigido al juzgado de instrucción, requería el envío “en préstamo” del expediente “Meden Maira Ayelén s/tentativa de homicidio”, junto con los incidentes de excarcelación y prisión domiciliaria. La nota hacía referencia a una orden emanada desde Presidencia del Tribunal Superior.

La situación generó fuerte ruido dentro del ámbito judicial porque, de acuerdo con fuentes consultadas por La Opinión Austral, el Tribunal Superior no tendría competencia para tomar vista directa de un expediente que aún se encuentra en etapa de instrucción, salvo requerimientos específicos dentro del marco procesal y siempre bajo intervención de las partes o del Ministerio Público Fiscal.

Tras la “interferencia”, la jueza de instrucción dispuso la liberación de Meden, acusada de intentar asesinar a su pareja, aunque posteriormente la imputada quedó bajo arresto domiciliario con monitoreo mediante tobillera electrónica. Ahora, el nuevo TSJ revisaría el escenario procesal y el alcance de aquellas actuaciones administrativas que se realizaron desde el máximo tribunal provincial.

Otra de las decisiones que empezó a ser revisada está relacionada con la subrogancia del Juzgado de Instrucción N° 2 de Río Gallegos, cuya titular, la jueza Yamila Borquez, se encuentra de licencia por enfermedad.

Mediante una resolución firmada el 14 de mayo de 2026, la entonces presidenta del TSJ, Reneé Fernández, dispuso que el juzgado fuera subrogado por el juez penal juvenil Fernando José Zanetta. La medida fue adoptada “por estrictas razones de servicio y funcionales”, según consta en el documento oficial al que tuvo acceso LOA.

Sin embargo, la nueva presidencia del Tribunal Superior, ahora a cargo de Gabriel Contreras, avanzaría en sentido contrario. De acuerdo con la información recabada por este diario, la intención sería dejar sin continuidad aquella designación y transferir la subrogancia al juez penal Gerardo Giménez, quien actualmente se desempeña en otro de los juzgados penales.

La discusión no es menor dentro del universo judicial santacruceño. La decisión original había generado cuestionamientos internos debido a que Zanetta pertenece al fuero penal juvenil, mientras que sectores de la magistratura entendían que la cobertura natural del juzgado debía recaer sobre otro magistrado del mismo ámbito penal ordinario.

La sensación que atraviesa hoy es que el nuevo TSJ decidió imprimir un giro inmediato, con revisiones internas que no sólo apuntan al funcionamiento administrativo, sino también a decisiones que impactaron directamente sobre causas sensibles y estructuras clave del sistema judicial.

Aunque todavía no existe una definición formal, dentro del nuevo esquema del Tribunal Superior ya comenzaron a analizarse conductas, decisiones y actuaciones administrativas que habrían generado preocupación institucional. ¿Podría haber juicio político a la expresidenta del TSJ, Reneé Fernández?