El oficialismo presentó un proyecto con un programa de acceso rápido a la vivienda para estatales

En la Cámara de Diputados de Santa Cruz, el bloque oficialista presentó un proyecto de ley que busca dar respuesta a la problemática habitacional de los trabajadores estatales mediante la declaración de la emergencia y la creación de un programa específico con mecanismos ágiles.

La iniciativa establece en su “Artículo 1° declárase la Emergencia Habitacional en la Provincia de Santa Cruz por el plazo de dos años, prorrogable por la Cámara de Diputados en caso de ser necesario”.

En ese marco, propone además la creación de una herramienta concreta para acelerar soluciones: “Artículo 2°, créase el Programa Provincial de Acceso Rápido a la Vivienda para Empleados Públicos, el cual funcionará por fuera del ámbito del IDUV, con mecanismos propios, ágiles y descentralizados”.

Para su implementación, el texto prevé una estructura específica: “Artículo 3°, el Poder Ejecutivo designará una Unidad Ejecutora Especial, con autonomía operativa, financiera y administrativa, destinada exclusivamente a la implementación del programa”.

Entre los objetivos centrales, el proyecto detalla que se busca “facilitar el acceso a la vivienda propia a empleados públicos provinciales; reducir los tiempos de adjudicación y entrega; Implementar sistemas de financiamiento acordes a los salarios estatales; evitar intermediaciones burocráticas que dilaten los procesos”.

Asimismo, establece distintas alternativas de acceso, entre ellas “construcción de viviendas industrializadas o de rápida ejecución; entrega de módulos habitacionales progresivos; créditos blandos para autoconstrucción asistida; lotes con servicios con financiamiento accesible.”

Uno de los puntos clave es el sistema de pago, que quedaría atado a los ingresos: “Artículo 6°, establécese un sistema de recupero basado en: cuotas ajustadas al ingreso del trabajador; débito automático por recibo de sueldo; plazos razonables y previsibles; eliminación de mecanismos de actualización que generen incertidumbre excesiva”.

El proyecto también fija plazos concretos para cada etapa: “Artículo 7°, el programa deberá garantizar: adjudicación dentro de los 6 meses desde la inscripción; inicio de obra dentro de los 30 días posteriores a la adjudicación; entrega de vivienda en un plazo máximo de 12 meses”.

En cuanto a la transparencia, se indica que la asignación se realizará mediante “Registro público de aspirantes; sistema de puntaje transparente; sorteos públicos cuando corresponda”.

Para el financiamiento, se prevé la creación de un fondo específico: “Artículo 9°, creáse el Fondo Especial de Vivienda para Empleados Públicos, integrado por: Aportes del Tesoro Provincial; recupero de cuotas; aportes de organismos nacionales; convenios con entidades financieras públicas; aportes de inversiones privadas.”

Además, se establecen prioridades para el acceso: “Tendrán prioridad: empleados públicos sin vivienda propia; familias con hijos; antigüedad en la administración pública; situaciones de vulnerabilidad acreditada”.

Un aspecto central del proyecto es la separación del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda: “Artículo 11°, el programa no podrá ser ejecutado ni administrado por el IDUV, garantizando independencia operativa para evitar demoras estructurales”. En esa línea, también redefine el rol del organismo, al señalar que quedará enfocado en “programas sociales de asistencia habitacional para familias y personas en situación de vulnerabilidad extrema”.

En paralelo, se fija que el IDUV deberá destinar recursos a políticas articuladas con los municipios: “El IDUV deberá asignar como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de su presupuesto anual a programas de infraestructura, generación de suelo urbano, mejoramiento habitacional y construcción de viviendas gestionadas en conjunto con los municipios”.

La iniciativa también contempla mecanismos de control: “La Unidad Ejecutora deberá elevar informes trimestrales a la Legislatura con: cantidad de viviendas iniciadas y finalizadas; estado financiero del programa; listado de adjudicatarios”.

Por último, se habilita la participación de los gobiernos locales, ya que “los municipios podrán ceder tierras”, mientras que el Poder Ejecutivo deberá reglamentar la ley en un plazo de 30 días tras su promulgación.

El proyecto lleva la firma de los diputados Fabiola Carolina Loreiro, Javier Jara, Santiago Aberastain, Patricia Urrutia y Adriana Nieto López, todos ellos del bloque “Por Santa Cruz”. Este jueves toma estado parlamentario y podrá empezar a ser analizado en comisiones.