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El pasado jueves 14 de mayo, el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Santa Cruz, Daniel Mariani, ordenó que se de el alta administrativa a Sergio Acevedo, ex gobernador provincial; José Antonio González Nora, Juan Lucio Ramón de la Vega y Gabriel Nolasco Contreras Agüero, los cuatro nuevos jueces incorporados al máximo tribunal provincial.
De este modo, los magistrados fueron incorporados formalmente desde la fecha en la que prestaron juramento, avanzando con la plena aplicación de la ley provincial N° 3.949 que amplió la integración del TSJ de Santa Cruz.
Acevedo y González Nora juraron el 26 de septiembre de 2025, mientras que Contreras Agüero y De la Vega hicieron lo propio el 8 de octubre de 2025, en medio del conflicto judicial que mantenía frenada la ampliación del tribunal.
La situación se destrabó luego de que la Corte Suprema, con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, revocara la decisión del TSJ de Santa Cruz que había frenado la ampliación y declarara válida la reforma impulsada por el gobierno provincial.
En su fallo, la Corte sostuvo que “no existen impedimentos” para que los jueces designados asuman inmediatamente y remarcó que el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz “se encuentra integrado con el número legal de nueve miembros”.
Tras conocerse la decisión judicial, el gobernador Claudio Vidal celebró públicamente el fallo y aseguró que representa “el fin de la impunidad” en la provincia. En un mensaje difundido en sus redes sociales, el mandatario provincial afirmó que “se terminó el tiempo de los privilegios, de las causas dormidas y de los intocables”.
Además, Vidal cuestionó duramente al kirchnerismo y a sectores de la Justicia santacruceña al señalar que “durante 30 años destruyeron la producción, desaparecieron obras y vaciaron la provincia, mientras una parte de la Justicia, convertida en la última trinchera del kirchnerismo, protegió a los responsables del saqueo”.
Un conflicto que duró nueve meses
El conflicto institucional se inició en agosto de 2025, cuando la Cámara de Diputados de Santa Cruz aprobó la Ley Provincial N° 3949.
La iniciativa, impulsada por el bloque oficialista Por Santa Cruz, ampliaba de cinco a nueve el número de integrantes del Tribunal Superior de Justicia.
El gobierno provincial argumentó que la medida buscaba reorganizar el funcionamiento del máximo tribunal y avanzar en una nueva estructura judicial.
Tras la aprobación de la ley, el gobernador Claudio Vidal impulsó las designaciones de Sergio Acevedo, José Antonio González Nora, Juan Lucio Ramón de la Vega y Gabriel Nolasco Contreras Agüero.
Acevedo y González Nora juraron el 26 de septiembre de 2025, mientras que Contreras Agüero y De la Vega hicieron lo propio el 8 de octubre de ese mismo año.
Por su parte, la Asociación Gremial de Empleados Judiciales de Santa Cruz presentó una acción de inconstitucionalidad contra la reforma judicial y cuestionó las designaciones realizadas en el TSJ.
Posteriormente, los vocales Alicia Mercau, Paula Ludueña, Reneé Fernández y Fernando Basanta declararon nula la decisión que permitió la incorporación de los nuevos magistrados.
La medida paralizó la ampliación del tribunal y derivó en una disputa judicial que escaló hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación que finalmente declaró válida la reforma impulsada por el gobierno provincial.
Reunión en puerta
Por otra parte, está prevista una reunión entre el gobernador Claudio Vidal con el vocal y presidente del TSJ, Daniel Mariani.
El encuentro lo anticipó el propio mandatario provincial el jueves pasado a través de las redes sociales. “En función de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que dispuso la plena vigencia de la Ley 3949 y el inmediato restablecimiento de los jueces designados para integrar el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, convoqué al Presidente del TSJ, Dr. Daniel M. Mariani, a una reunión institucional para conversar sobre la agenda judicial y el normal funcionamiento de las instituciones provinciales”, manifestó Vidal.
Para finalizar, manifestó: “Ratificamos nuestro compromiso con el respeto institucional, la división de poderes y el cumplimiento de las decisiones judiciales”.
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