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El titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, Martín Cormick, intimó al Poder Ejecutivo Nacional a dar efectivo cumplimiento a los artículos 5° y 6° de la Ley de Financiamiento Universitario.
La resolución dictada por la Justicia Federal fijó un plazo perentorio de cinco días hábiles bajo expreso apercibimiento de aplicar astreintes (multas económicas diarias) por cada día de mora en la ejecución de los fondos.
La medida surgió tras una presentación realizada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y federaciones docentes en la causa impulsada contra el Decreto 759/25.
El magistrado ratificó que la medida cautelar se encuentra firme y constató que el Estado Nacional no ha alcanzado un cumplimiento total de las obligaciones impuestas, motivo por el cual notificó directamente al Ministerio de Capital Humano y a la Secretaría de Educación.
Recomposición salarial y fondos para becas
El reclamo central exige la inmediata recomposición salarial para docentes y nodocentes, junto con la actualización de los montos destinados a las becas estudiantiles.
Desde la Asociación Docente de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (ADIUNPA) hicieron pública la notificación oficial emitida por el juzgado y enfatizaron que el dictamen exige el cumplimiento de una ley vigente, dejando sin margen la aplicación de tretas dilatorias por parte del Gobierno.
Antecedentes del conflicto y medidas de fuerza
La decisión judicial constituye un capítulo clave tras meses de conflicto universitario en todo el país. Durante 2026, el Frente Sindical Universitario llevó adelante un plan de lucha que incluyó paros nacionales, jornadas de protesta y movilizaciones masivas.
Las medidas gremiales se profundizaron ante el despasaje inflacionario, la pérdida del poder adquisitivo del personal académico y técnico, y las crecientes dificultades de las casas de altos estudios para afrontar sus gastos operativos de funcionamiento.
Santa Cruz
La resolución de la causa judicial repercute en el sistema de educación pública superior de Santa Cruz, con impacto en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) y la Facultad Regional Santa Cruz de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).
En el ámbito provincial, las constantes medidas de fuerza hicieron visible cómo el recorte presupuestario condiciona la continuidad de las carreras, la retención de profesionales y docentes, la investigación científica y la asistencia a los estudiantes.
La intimación judicial reabre la expectativa de normalizar el envío de partidas financieras para garantizar el derecho a la educación pública y gratuita en la región patagónica.
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