Guerra en la pesca: “Es la primera vez que veo a un sindicato defender la droga y el alcohol”, dijo Luis Jones sobre los estibadores

Un acuerdo de aumento salarial para una parte del sector pesquero desató un conflicto porque uno de los sindicatos se niega a que los trabajadores bajo su órbita se realicen controles médicos y de alcoholemia.

La Federación de Estibadores Portuarios Argentinos (FEPA) consideró que esos controles son discriminatorios y ordenó a sus delegados de base que los trabajadores se nieguen a realizarse los test de alcoholimetría. Sin embargo, este examen es condición para liquidar el aumento del 15% acordado en paritarias.

“Es la primera vez que veo a un sindicato defender la droga y el alcohol”

Luis Jones, dueño de la pesquera Vepez

La FEPA reclama por ese aumento, pero se resiste a confirmar que los trabajadores se presenten en condiciones para cargar, descargar las mercancías en los buques, contenedores en el puerto de Puerto Deseado.

El empresario pesquero Luis Jones, propietario de la firma Vepez, lanzó duras acusaciones contra el gremio de estibadores y aseguró en diálogo exclusivo con La Opinión Austral  que “es la primera vez que veo a un sindicato defender la droga y el alcohol”.

Por la cantidad de accidentes laborales, las ART consideran al sector un rubro de “alto riesgo”. Por eso, las empresas pesqueras pagan una alícuota más alta que el resto de los rubros.

Según el último informe disponible de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo el sector de “Agricultura, Caza, Silvicultura y Pesca” en Argentina registró un Índice de Incidencia de 63,1 casos cada mil trabajadores con cobertura en 2024. El último informe específico disponible se produjo en 2012 y arrojó que la incidencia accidentes laborales y enfermedades en el sector de la pesca en altura y costera era de 147 trabajadores cada mil cubiertos.

Eso motivó a que las firmas impulsen medidas para reducir los accidentes laborales en la actividad portuaria. Y entre ellas lograron incorporar los controles de alcohol y estupefacientes.

“Hace más de un año que venimos solicitando que se hagan los preocupacionales como marca la ley, como nos exige la ART para cubrirlos. Tenemos cantidad de accidentes por mal desempeño de ellos y la ART nos llevó a una alícuota fuera de lo normal. Nación nos decretó empresa de alto riesgo por la cantidad de accidentes”, afirmó Jones.

¡Todos a la pipeta!

Puerto Deseado. Domingo 22 de marzo, alrededor de las 20 horas. En una de las oficinas de Vepez, las escenas de los videos a los que tuvo acceso La Opinión Austral, se convirtieron, más allá de los papeles y las certificaciones, en pruebas irrefutables.

Los estibadores se presentaron a trabajar. A un empleado le dieron un alcoholímetro que “ofreció” a cada uno de los trabajadores. Un joven al que apenas le crece la barba, sopló dos veces y sonó el “piiiip”. Quedó en evidencia que tomó alcohol. En ese momento ingresó otro trabajador con unos cuantos años más y cuando se fue a registrar evitó soplar la pipeta. Reveló que el delegado gremial le reclamó que no tenía que estar soplando en el control de la empresa. “Vos no podés entrar, te dio alcoholemia, no te puedo dejar”, le dice el empleado detrás del escritorio al más joven. “¿Y pa´que soplás?”, le cuestionó el más adulto.

Cinco minutos después, entró el delegado del gremio, un hombre de gran contextura con campera desabrochada, abrió la puerta y dijo: “Ahí está el problema, Pablo, ¿viste? Si la empresa no lo deja laburar se va a ‘comer’ una multa por el Ministerio de Trabajo de Nación. Además no está en pedo, viene de salir a la noche”, agregó.

Pero el de atrás del escritorio le respondió: “Yo no puedo ser adivino. Si le pasa un accidente y la alcoholemia, es como que ustedes están avalando que el trabaje en pedo”. Entonces, el delegado sacó un papel y se puso a leer entrelíneas un acta donde decía que no puede dejar a ninguno sin trabajar. “Si no lo dejás entrar ahora, yo tengo que avisar y la empresa se va a ‘comer’ una multa”, le explicó el delegado. “Pero el tema es que hace la alcoholemia voluntariamente y le da positivo”, le respondió. “Entonces hacele el otro examen”, le propuso el delegado, pero el empleado le explicó que le va a saltar positivo. “Va a arriesgar su puesto de trabajo por una alcoholemia”, le recomendó. Entonces, el joven desistió de querer entrar, reconoció que estuvo bebiendo hasta las 10 de la mañana y dijo que le iba a avisar al padre para que se presente a trabajar por él.

Los detalles aquí relatados corresponden a los videos que ya están en poder tanto del gobierno provincial como del ministerio de Trabajo de Nación.

Según explicó el empresario Jones a este medio, el nuevo reglamento portuario impulsado por el Gobierno provincial exige controles médicos y la prohibición de trabajar bajo efectos de alcohol o narcóticos. Otros gremios – como guincheros y capataces –  aceptaron las condiciones y obtuvieron el aumento salarial. “Ninguno tuvo problema. Todos lo hicieron. Y obtuvieron su aumento del 15%. El condicionante del aumento era simplemente que para otorgarlo tenían que hacer la consulta médica.”

“Fue alarmante: dieron positivo en droga y alcohol”

Sin embargo, el resultado de los controles a estibadores fue, según el empresario, alarmante. “Citamos a 25 personas. De los 25, 6 no quisieron ir, 10 dieron positivo de droga y solamente 9 estaban en buenas condiciones”, aseguró Jones. Cuando la empresa quiso volver a citar al resto que no se había presentado volvieron a ausentarse. La Opinión Austral pudo saber que como son trabajadores eventuales las firmas pesqueras tienen la potestad de no tomarlos para el trabajo, además porque no pueden garantizar que las ART los cubran.

 El video que encendió la polémica

El conflicto escaló aún más luego de que se difundieran videos del domingo 22 de marzo a las 20 horas en el puerto, cuando quedó en evidencia como los delegados de los estibadores pretendían que ingresen a trabajar a pesar de dar positivo en el testo de alcoholemia.

Para Jones, el episodio refleja la gravedad de la situación. “Un tipo bajo efectos de narcóticos o alcohol puede matar a alguien que no tiene nada que ver. Esto ya pasó”, afirmó.

“La plástica”: el sistema que denuncian

Otro de los puntos más polémicos es el denominado sistema de “la plástica”, una credencial habilitante para trabajar como estibador. Según denuncian desde el sector empresario, algunos trabajadores alquilan sus credenciales a terceros y se quedan con parte del salario. “Más del 60% de los tipos que laburan no llegan al 40% de asistencia en el año. Lo que hacen es alquilar la credencial y quedarse con la mitad de la plata”, sostuvo Jones a La Opinión Austral. A su entender, el conflicto actual surge porque los controles están dejando al descubierto estas prácticas. “Ahora que empezás a exigir las cosas como marca la ley, empieza a saltar todo. Y un sindicato, en vez de ayudar a ordenar, no quiere ordenarlo porque se les cae el negocio”, aseguró.

Jones destacó que reforzaron las normas de seguridad: “Estamos tratando de hacer todo y los únicos que se niegan son ellos porque ahora salta la verdad. No es que las empresas no cumplan.”

El empresario puso de relieve el estado en el que llegan los trabajadores: “Es que ellos van en condiciones que no pueden ir. Y un delegado, como se ve en los videos, no puede estar defendiendo a un tipo que dio positivo de alcohol. Esta es la realidad de lo que vivimos.”

A su vez, hizo un pedido especial a FEPA: “Que muestren qué papeles tienen como sindicato estos muchachos. Ni siquiera tienen papeles. Es un grupo de locos que tienen orquestado un negocio ahí adentro” 

La respuesta del sindicato

Desde la Federación de Estibadores Portuarios Argentinos (FEPA), encabezada por Marcelo Osores, rechazaron que la empresa condicione el aumento salarial a estos test, a los que ellos califican como “cuestiones administrativas”. Según el gremio, las medidas impulsadas por la empresa van contra la ley de salud mental, son discriminatorias y buscan excluir trabajadores con problemáticas de consumo. Además, señalaron que aceptaron controles de alcoholemia y exámenes médicos, pero rechazaron nuevas condiciones que consideran arbitrarias.

Para la FEPA, el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) y la Federación de Estibadores Portuarios Argentinos (FEPA) dieron por finalizada la negociación en el marco de la conciliación obligatoria con la empresa, la misma que el delegado gremial leía para que el joven estibador pueda trabajar a pesar de dar positivo de alcoholemia.

El sindicato portuario aprovechó la alta demanda de pescado para visibilizar el conflicto con Vepez y lo vinculó al Gobierno de Claudio Vidal, que este año volvió a anunciar un acuerdo de precios con pescaderías para que los vecinos puedan comprar pescado a mitad de precio en Semana Santa ($6.000 el kilo). Es parte del acuerdo con las firmas del sector cuando Vidal reclamó una cuota más alta en el Consejo Federal Pesquero.

Un conflicto que viene desde 2024

La tensión entre Vepez y el sindicato no es nueva. En noviembre de 2024, trabajadores bloquearon el ingreso de camiones a la planta en Puerto Deseado. Jones denunció amenazas y advirtió que la empresa podría retirarse de la localidad. La Opinión Austral le dio amplia cobertura al conflicto que escaló al punto de que el gobernador Claudio Vidal intervino y expresó su respaldo a la empresa: “No me toman un solo puerto más”.

Ahora la FEPA le pidió al gobernador Claudio Vidal que intervenga. “Creemos que Vidal no es cómplice y debe actuar en defensa del trabajo”, dijo Osores.

“Que nos pongan frente a frente”

En medio del nuevo cruce, Luis Jones redobló la apuesta. En su diálogo con La Opinión Austral fue contundente: “Tenemos un sindicato que lo único que hace es avalar la droga y el alcohol y lo único que le interesa es el 15% de aumento”, afirmó.

Y cerró con un desafío directo: “Que nos pongan frente a frente a ver quién miente”.