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Un proyecto de ley ingresó a la Legislatura de Santa Cruz con el objetivo de crear el “Programa provincial de concientización y prevención del síndrome urémico hemolítico (SUH)”, una iniciativa que busca reducir la incidencia de esta enfermedad mediante políticas públicas centradas en la educación alimentaria, la prevención y el control sanitario.
La propuesta, impulsada por la diputada Rocío García, plantea la implementación de estrategias de sensibilización, capacitación y vigilancia en todo el territorio provincial, con especial énfasis en la protección de niñas y niños menores de cinco años, el grupo más vulnerable frente a esta patología.
Entre sus principales ejes, el proyecto establece la realización de campañas permanentes de información y concientización orientadas a promover hábitos de higiene personal, como el correcto lavado de manos, y prácticas seguras en la manipulación, cocción y conservación de alimentos. Estas acciones deberán difundirse en hospitales, centros de salud, escuelas, medios de comunicación y plataformas digitales, tanto del ámbito público como privado.
Asimismo, la iniciativa determina que el Ministerio de Salud y Ambiente sea la autoridad de aplicación, con la responsabilidad de diseñar e implementar las políticas previstas. También contempla la capacitación obligatoria y periódica para el personal de establecimientos educativos, sanitarios y gastronómicos, así como para todos aquellos ámbitos vinculados a la manipulación de alimentos.
El proyecto incluye además la elaboración de una guía de procedimientos técnicos de cumplimiento obligatorio, junto con la distribución de material educativo destinado a niños, niñas y adolescentes, con el objetivo de fomentar prácticas seguras desde edades tempranas.
En los fundamentos, la autora advierte que el síndrome urémico hemolítico es una enfermedad grave causada por la bacteria Escherichia coli, que suele transmitirse a través de alimentos contaminados, como carne mal cocida, leche no pasteurizada, frutas y verduras mal higienizadas o agua no segura. Sus consecuencias pueden ser severas, incluyendo insuficiencia renal aguda, alteraciones neurológicas y, en casos extremos, la muerte.
En ese sentido, García remarcó la importancia de fortalecer el rol del Estado en la prevención y destacó que, en una provincia con amplias distancias geográficas y realidades sanitarias diversas, resulta clave contar con una estrategia integral que garantice el acceso equitativo a la información y a las herramientas de cuidado.
Finalmente, el proyecto prevé la articulación con instituciones educativas, organizaciones sociales y entidades profesionales, y faculta al Poder Ejecutivo a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias. De ser aprobado, deberá ser reglamentado en un plazo de 90 días.
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