Impulsan la obligatoriedad de los debates públicos entre candidatos

Un proyecto de ley propone instaurar en la provincia de Santa Cruz la obligatoriedad de debates preelectorales públicos entre candidatos a cargos electivos provinciales y municipales, con el objetivo de fortalecer la transparencia democrática y garantizar el acceso de la ciudadanía a las propuestas de gobierno.

La iniciativa lleva la firma del diputado provincial Pedro Muñoz (ARI-CC) y, según se detalla en el texto, la medida alcanza a “candidatos a gobernador de la provincia de Santa Cruz; candidatos que encabecen las listas de diputados provinciales, elegidos en distrito único provincial conforme el artículo 85 de la Constitución Provincial; candidatos que encabecen las listas de diputados por municipio; candidatos a intendentes municipales, y candidatos que encabecen las listas de concejales municipales“.

Asimismo, establece que “los debates previstos en la presente ley son de carácter obligatorio para todos los candidatos” y que dicha obligación rige “a partir de la oficialización de las candidaturas por el Tribunal Electoral Permanente de la provincia de Santa Cruz”. En cuanto a la organización, se prevé que el Tribunal Electoral convoque a los postulantes “dentro de los cinco días hábiles posteriores a la oficialización definitiva de sus candidaturas, a fin de determinar su voluntad de participación y consensuar los aspectos organizativos del debate”.

El proyecto también fija un régimen de sanciones para quienes incumplan con la asistencia. En ese sentido, señala que los candidatos que no participen “no podrán presentarse como candidatos a cargos electivos provinciales o municipales en las siguientes elecciones“, además de perder acceso a espacios de publicidad electoral gratuita. Asimismo, “el espacio físico que hubiera sido asignado al candidato o candidata ausente permanecerá vacío durante el desarrollo del debate” y la inasistencia será registrada y difundida públicamente.

No obstante, contempla excepciones por causas de fuerza mayor, como “enfermedad grave, duelo, caso fortuito u otra causa de análoga gravedad“, las cuales deberán ser debidamente acreditadas ante el Tribunal Electoral con antelación. En relación al formato, la propuesta indica que se realizarán al menos dos debates obligatorios para candidatos a gobernador y diputados provinciales por distrito único, uno de ellos fuera de Río Gallegos, dentro del período comprendido entre “los veinte y los siete días anteriores a la fecha de los comicios“. Para cargos municipales, se prevé al menos un debate por localidad.

La normativa también pone el foco en la difusión y el acceso público. Establece que los debates “serán transmitidos en vivo, de manera obligatoria, por los medios de comunicación de titularidad provincial o municipal” y que la señal estará disponible para medios privados de forma gratuita. Durante su emisión, “se suspenderá la publicidad electoral en los medios audiovisuales“.

En materia de accesibilidad, se dispone la incorporación de herramientas como “interpretación en Lengua de Señas Argentina (LSA), subtitulado visible y audiodescripción cuando resulte técnicamente posible”. Asimismo, el proyecto contempla la grabación y archivo de los debates, los cuales deberán estar disponibles de forma gratuita en sitios oficiales. El Tribunal Electoral Permanente será la autoridad de aplicación de la ley y tendrá amplias facultades para reglamentar, organizar los debates y designar moderadores.