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El diputado nacional Jairo Guzmán se mostró conforme con la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia que dejó sin efecto la medida cautelar que había suspendido la aplicación de la Ley 27.784, norma complementaria de la Ley de Glaciares en Santa Cruz.
Durante una entrevista con Radio LU12 AM680, el legislador sostuvo que la decisión judicial representa un avance para las provincias que buscan desarrollar proyectos productivos y atraer inversiones.
“Me alegra muchísimo que gane la razón por sobre las diferencias políticas e ideológicas que puede tener cada uno. Tenemos que dejar de usar la Justicia como una herramienta de capitalización política”, expresó.
Guzmán consideró que la resolución favorece a distintas provincias que esperan contar con reglas claras respecto de sus recursos naturales y las áreas protegidas. Según explicó, la normativa no modifica los estándares ambientales vigentes, sino que busca agilizar la identificación de zonas glaciares y periglaciares para brindar mayor previsibilidad a posibles inversiones.
“La ley no establece dónde están las áreas glaciares. Lo que hace es darles autonomía a las provincias para que puedan determinar con claridad cuáles son sus recursos y dónde pueden desarrollarse actividades económicas que generen trabajo e ingresos”, afirmó.
En ese sentido, sostuvo que la legislación permitirá completar estudios que, según señaló, permanecían inconclusos desde la creación de los registros previstos en la normativa anterior.
“Había empresas interesadas en invertir y no se sabía si determinadas zonas eran glaciares, periglaciares o no. Lo que plantea esta ley es que cada provincia haga los estudios de impacto ambiental correspondientes y defina con responsabilidad cuáles son las áreas aptas para el desarrollo”, indicó.
Guzmán también respaldó uno de los argumentos expuestos por la Cámara Federal al analizar la legitimación de quienes promovieron la acción judicial contra la Ley de Glaciares. El tribunal entendió que ni autoridades municipales ni legisladores podían arrogarse la representación de la totalidad de los habitantes de Santa Cruz para cuestionar la vigencia de la norma.
“Está perfecta la aclaración que hace la Justicia. Nadie puede atribuirse la voz de todo un colectivo o de todo el pueblo santacruceño”, sostuvo.
En ese marco, vinculó esa interpretación con una experiencia personal derivada de una denuncia presentada en su contra por presunto discurso de odio y reiteró su defensa de la libertad de expresión. “Una cosa es que a una persona le moleste algo y otra muy distinta es atribuirse la representación de toda la sociedad para intentar frenar una ley o tomar decisiones en nombre de todos”, concluyó.
Críticas a la Justicia provincial
Durante la entrevista, Guzmán también fue consultado sobre la situación institucional del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz y la reciente decisión de la Corte Suprema vinculada a la ampliación del máximo órgano judicial de la provincia.
Aunque aclaró que el fallo del máximo tribunal no se pronunció específicamente sobre la ampliación de integrantes sino sobre una presentación realizada por el gremio judicial, aprovechó para cuestionar el funcionamiento del sistema judicial santacruceño.
“Seguimos teniendo una Justicia muy manoseada por la política. No le aporta ningún beneficio a los santacruceños tener cinco o tener nueve miembros en el Tribunal Superior cuando la Justicia ordinaria, la de familia o la de menores tienen problemas mucho más profundos”, manifestó.
Para el diputado, la discusión sobre la integración del máximo tribunal responde a disputas de poder entre distintos sectores políticos y no a una búsqueda de soluciones concretas para la ciudadanía. “Lo que estamos viendo es una disputa de espacios políticos. La realidad de los santacruceños no va a cambiar por lo que quieran hacer los políticos con la designación de los jueces del Tribunal Superior de Justicia”, remarcó.
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