Your browser doesn’t support HTML5 audio
Un nuevo testimonio puso el foco en los presuntos sobreprecios y en los mecanismos de control de las obras viales realizadas en Santa Cruz durante el segundo juicio oral por Vialidad. Ante el Tribunal Oral Federal 2, el contador Daniel Semino, exintegrante del Departamento de Verificación y Actualización de Deuda Corriente de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), relató que había diferencias significativas entre los valores de mercado y los montos liquidados en determinados certificados de obra.
Durante su declaración, Semino se refirió específicamente a un certificado vinculado con la colocación de postes en una de las rutas provinciales. Según recordó ante los jueces: “Cada poste nos iba a costar entre 100 mil pesos, con toda la furia, y se lo liquidamos a un millón”.
La declaración volvió a poner bajo análisis los mecanismos mediante los cuales se certificaban y pagaban las obras públicas ejecutadas en Santa Cruz, uno de los principales ejes de la investigación conocida como Vialidad II o Vialidad III.
Semino explicó que el área en la que trabajaba no tenía a su cargo la determinación de los precios de los certificados ni el control técnico de las obras. Su función estaba relacionada con la liquidación de intereses derivados de pagos anticipados.
Según su explicación, los expedientes llegaban a esa dependencia después de atravesar distintas instancias técnicas y administrativas y de contar con las firmas correspondientes para ingresar al circuito de pagos.
Una vez que su área intervenía, los expedientes continuaban hacia Contabilidad, donde se aplicaban las retenciones y los tributos correspondientes. Finalmente, la documentación era remitida al Ministerio de Economía para concretar la acreditación de los fondos.
El testimonio resulta relevante para la investigación porque, según explicó el contador, el área que intervenía en la liquidación financiera no era la encargada de verificar si los valores incluidos en los certificados se correspondían con los precios de mercado.
Empresas vinculadas al Grupo Báez
Durante el interrogatorio, Semino también fue consultado sobre las empresas que recurrían al mecanismo de cobro anticipado. El exfuncionario afirmó recordar a “cuatro o cinco” firmas relacionadas con el Grupo Báez.
Entre las compañías que mencionó estuvieron Austral Construcciones y Gotti, empresas que tuvieron participación en distintas obras públicas de Santa Cruz.
Su declaración se incorporó así al debate sobre los controles existentes en torno a las obras financiadas por Vialidad Nacional y ejecutadas mediante convenios con la provincia.
Un exauditor aseguró que Vialidad Nacional no controlaba las licitaciones provinciales
Otro de los testimonios incorporados al juicio estuvo a cargo del contador Marcelo Bianchi, quien se desempeñó como titular de la Unidad de Auditoría Interna (UAI) de la Dirección Nacional de Vialidad.
Bianchi explicó que la UAI no auditaba los procesos de licitación realizados por las provincias para obras ejecutadas mediante convenios, aun cuando los fondos fueran aportados por Vialidad Nacional.
De acuerdo con su declaración, el Distrito 23 de Santa Cruz tenía a su cargo tareas operativas y de supervisión, mientras que las dependencias de la sede central realizaban un seguimiento de carácter administrativo.
El exauditor también detalló que los informes elaborados por la UAI eran remitidos a la máxima autoridad de Vialidad Nacional, a la sindicatura jurisdiccional y a las áreas que habían sido auditadas. Según estimó, el organismo producía entre 25 y 50 informes de auditoría por año.
Ante una consulta específica sobre quién afrontaba el costo de las obras ejecutadas mediante convenios, Bianchi respondió que el pago correspondía a Vialidad Nacional.
Sin embargo, aclaró que el hecho de que el organismo nacional aportara los fondos no significaba que tuviera a su cargo el control de los procesos licitatorios realizados por las provincias.
Ese punto quedó incorporado al debate sobre las responsabilidades de los distintos organismos en las etapas de licitación, ejecución, certificación y pago de las obras viales investigadas.
Qué se investiga en el segundo juicio por Vialidad
La denominada Vialidad II, también identificada en tribunales como Vialidad III, surgió como un desprendimiento de la causa principal que investigó la adjudicación de obras viales en Santa Cruz entre 2003 y 2015.
En aquella causa fueron condenados, entre otros, Cristina Fernández de Kirchner y Lázaro Báez. El nuevo expediente analiza presuntas irregularidades relacionadas con licitaciones, controles y pagos de obras adjudicadas a empresas vinculadas al Grupo Báez.
En esta etapa del juicio oral están acusados Sandro Férgola, Gustavo Marcelo Gentili y Fernando Abrate, quienes enfrentan cargos como presuntos coautores del delito de defraudación por administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública.
El tribunal deberá determinar, a partir de la prueba testimonial y documental incorporada durante el juicio, si existieron irregularidades y qué responsabilidades correspondieron a los funcionarios y empresarios involucrados.
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia